Identidades N°7
Marcelo Arancibia Guzmán
políticas sociales bolivianas. Según este autor, dicha transición estuvo atravesada por una
severa crisis económica que, paradójicamente, amenazó al propio sistema que intentaba
consolidarse. La respuesta a esa crisis —materializada en la Nueva Política Económica—
no obedeció únicamente a imperativos técnicos de estabilización, sino también al
convencimiento de las élites políticas sobre la necesidad de un cambio estructural en el
modelo de desarrollo y a las presiones ejercidas por la cooperación financiera internacional.
Este origen condiciona el carácter de las reformas posteriores: si bien los avances en
modernización económica fueron significativos, el autor advierte que el desarrollo social
quedó como deuda pendiente, y que la sostenibilidad del modelo depende de la capacidad
de los gobiernos para generar resultados concretos en materia de empleo, salarios y acceso a
servicios. La advertencia que realiza Morales (1992) resuena con particular fuerza al analizar
los programas como el BJP y la ACE, cuya legitimidad material, como se argumenta en
esta discusión, también depende de su capacidad para traducirse en mejoras tangibles en
las condiciones de vida de sus beneficiarios.
Los hallazgos invitan a examinar críticamente los supuestos implícitos en buena parte
del diseño de las transferencias condicionadas: la idea de que un incentivo monetario
o alimentario es capaz, por sí mismo, de modificar decisiones familiares estructurales
respecto de la escolaridad. La evidencia reconstruida muestra que, al menos en el caso
boliviano, el BJP dejó progresivamente de operar como incentivo económico significativo
—dada la erosión de su valor real y su reducción a menos del 1 % del salario mínimo
anual— para configurarse como un dispositivo de reconocimiento institucional ex post.
Esta transformación desplaza el eje analítico desde la lógica del capital humano propia de
Fiszbein y Schady (2009) hacia una lectura más cercana a la que propone Dubet (2023)
sobre las desigualdades múltiples.
La distinción analítica entre desigualdades sociales y educativas propuesta por Benza
y Kessler (2021) y sistematizada por Di Piero (2025) resulta particularmente útil para
interpretar estos resultados. Las transferencias no inciden de manera directa sobre las
asimetrías de origen —ingreso, mercado de trabajo, territorio, etnicidad, capital educativo
del hogar— porque su diseño no incorpora criterios de diferenciación compensatoria.
Sin embargo, sí intervienen parcialmente en la forma en que la escuela procesa esas
desigualdades, al contribuir a estabilizar la matrícula y la culminación del año escolar. Ello
encuentra respaldo empírico en Medinaceli y Mokrani (2010), quienes documentan que
los hogares de menores ingresos concentran una proporción mayor de las transferencias
debido a su mayor número de hijos —otorgando al programa un carácter progresivo que,
aunque moderado, también se observa en otras políticas compensatorias como el Bono al
Bachiller Destacado, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros— y confirman
estadísticamente que la recepción del bono incrementa la probabilidad de asistencia escolar,
efecto que se potencia cuando concurren condiciones favorables como residencia urbana,
alfabetización, mayor educación del jefe del hogar y ausencia de trabajo infantil. No
obstante, los propios autores advierten que el valor real de la transferencia y sus criterios de
focalización requieren revisión periódica para sostener incentivos efectivos a la permanencia
escolar en el largo plazo, y señalan que la dependencia del financiamiento respecto de los
ingresos por hidrocarburos representa tanto una oportunidad como una vulnerabilidad
estructural: la sostenibilidad del programa no puede descansar exclusivamente en la renta
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