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Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas
lingüísticas en el bicentenario boliviano
Luz Jiménez Quispe
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Resumen
Este artículo analiza críticamente la evolución de las políticas lingüísticas en Bolivia
entre 2004 y 2024, con especial atención a las lenguas indígenas como bienes comunes. En
el marco del Bicentenario de Bolivia, se examinan las principales normativas, instituciones
y discursos del Estado Plurinacional relacionados con la educación intracultural,
intercultural y plurilingüe, así como los esfuerzos de revitalización lingüística.
A través de un enfoque sociocrítico y análisis documental, se identifican las tensiones
entre el discurso oficial y las prácticas institucionales, centrándose en la gestión de
los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO), los Institutos de Lengua y
Cultura (ILC) y el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas (IPELC).
Los resultados evidencian procesos de cooptación institucional, debilidad operativa y
limitaciones en la implementación de políticas lingüísticas; particularmente en las lenguas
amazónicas, donde se constata un colonialismo lingüístico reconfigurado.
Pese a estas restricciones, emergen formas de resistencia cultural y activismo
lingüístico desde los territorios, que sostienen la vitalidad de las lenguas como bienes
comunes. El artículo concluye proponiendo repensar la gestión lingüística desde una
soberanía comunitaria, reconociendo la autonomía de los hablantes y la necesidad de
procesos de revitalización impulsados desde abajo para garantizar la preservación de las
lenguas indígenas como recursos vivos y centrales en la identidad plurinacional de Bolivia.
Palabras claves: Políticas lingüísticas, lenguas indígenas, bienes comunes, soberanía
lingüística y revitalización comunitaria.
1. Introducción
¿Qué lugar ocupan las lenguas indígenas en Bolivia a 200 años de su independencia,
en un escenario de políticas que las reconocen, pero no garantizan su vitalidad? Para
responder esta pregunta, el artículo analiza la evolución de las políticas lingüísticas entre
2004 y 2024, identificando sus avances, limitaciones y efectos sobre las lenguas indígenas
entendidas como bienes comunes. En el horizonte del bicentenario de Bolivia, repensar
la educación como proyecto cultural, político y epistémico exige examinar cómo las
1 Antropóloga y educadora, Ph.D. en Language, Reading and Culture (University of Arizona). Investigadora
y consultora en políticas lingüísticas, educación intercultural y formación docente, con amplia experiencia en
posgrado y desarrollo curricular en Bolivia y América Latina. Correo electrónico: luzjimene@gmail.com y OR-
CID: https://orcid.org/0009-0004-1100-5154.
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decisiones estatales sobre qué lenguas se enseñan, se usan y se legitiman reflejan —o
tensionan— la transformación plurinacional proclamada desde 2006.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) reconoció 36
lenguas indígenas como oficiales en igualdad con el castellano. Este gesto, reforzado
por normativas como la Ley de Educación Avelino Siñani–Elizardo Pérez 070 (2010)
y la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (2012), inauguró una etapa que
parecía prometedora para los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, más de una
década después, persiste una marcada distancia entre el discurso plurinacional y la práctica
institucional.
Los datos estadísticos evidencian una brecha significativa en el uso y la transmisión
de las lenguas originarias. Aunque millones de bolivianos hablan quechua y aymara,
numerosas lenguas amazónicas sobreviven con apenas unos cientos de hablantes (INE,
2012). Menos del 20% de los jóvenes urbanos declara manejar con fluidez una lengua
originaria y, según el diagnóstico sociolingüístico de FUNPROEIB Andes (2019), gran
parte del cuerpo docente en servicio carece de competencias lingüísticas y de formación
pedagógica para enseñar en lenguas originarias, lo que limita la efectividad de la Educación
Intracultural Intercultural Plurilingüe (Ley 070). Así, pese al reconocimiento jurídico de la
oficialidad, persisten dinámicas cotidianas de desplazamiento lingüístico y marginalización
cultural (IPELC, 2022), que revelan la brecha entre la arquitectura normativa del Estado
y la realidad educativa.
Para abordar estas tensiones, el artículo desarrolla un análisis crítico a partir de
documentos oficiales, propuestas de los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios
(CEPO), acciones del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas (IPELC)
y evidencia reciente de investigaciones sociolingüísticas. El enfoque de bienes comunes
sirve como lente interpretativa para comprender las lenguas más allá de la retórica del
“rescate cultural”, enfatizando su papel en la organización comunitaria, la agencia política
y la soberanía cultural.
Desde esta perspectiva, se sostiene que la gestión estatal ha tendido a domesticar
la potencia transformadora de las lenguas indígenas mediante políticas centralizadas,
simbólicas y poco participativas. No obstante, también emergen formas de resistencia y
apropiación comunitaria que rebasan el marco institucional y muestran la vitalidad de las
lenguas como prácticas vivas.
En suma, el artículo busca aportar a los debates sobre interculturalidad, descolonización
y derechos lingüísticos desde una mirada crítica, mostrando que los verdaderos bienes
comunes no se decretan desde arriba, sino que se sostienen en la práctica colectiva de los
pueblos.
2. Metodología
El estudio se enmarca en un enfoque cualitativo y documental orientado a examinar
las políticas lingüísticas en Bolivia entre 2004 y 2024 desde una perspectiva situada en
los márgenes del Estado plurinacional. Se adopta una mirada crítica que problematiza las
relaciones de poder, los procesos de cooptación institucional y las formas de resistencia
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que atraviesan dichas políticas, reconociendo a los pueblos indígenas como actores activos
en la preservación, transmisión y revitalización de sus lenguas. La investigación integra el
análisis de documentos oficiales, propuestas educativas de los CEPO, materiales del IPELC
y estudios sociolingüísticos recientes, complementados con testimonios etnográficos que
aportan una comprensión situada de las prácticas lingüísticas comunitarias, más allá de
los discursos estatales.
El análisis de contenido se desarrolló mediante categorías construidas por inferencia
lógica a partir del entrecruzamiento entre teoría crítica, experiencia investigativa y fuentes
documentales. Estas categorías —bienes comunes lingüísticos, colonialismo y simulación
intercultural, soberanía epistémica, agencia indígena y vitalidad lingüística— permiten
tensionar las narrativas oficiales con las prácticas y resistencias comunitarias. De este modo,
el estudio evidencia tanto los avances como las limitaciones de la implementación de las
políticas plurinacionales, destacando la dimensión política, cultural y social de las lenguas
indígenas como recursos colectivos que desbordan la retórica normativa.
3. Marco teórico
3.1. Lenguas indígenas como bienes comunes
La noción de bienes comunes surge de los aportes de Elinor Ostrom (1990),
quien cuestionó el paradigma dominante según el cual los recursos compartidos estaban
condenados a la “tragedia de los comunes” si no eran gestionados por el Estado o privatizados
por el mercado. En su lugar, Ostrom mostró que las comunidades pueden organizarse para
establecer normas propias, garantizar el acceso colectivo y sostener la reproducción de sus
recursos en el tiempo. Aunque Ostrom trabajó principalmente con bienes naturales como
bosques o sistemas de riego, su enfoque abrió la puerta para pensar también los bienes
comunes culturales, como las lenguas.
Posteriormente, autores como Benjamin Coriat (2011) han extendido esta noción
hacia el terreno de los bienes comunes intangibles, como el conocimiento, la comunicación
o la cultura. Desde esta perspectiva, las lenguas indígenas no pueden reducirse a
“patrimonio” gestionado desde arriba, sino que deben ser entendidas como sistemas vivos
cuya reproducción depende de la participación activa de los hablantes. Coriat destaca que
la gestión de los comunes exige reglas de acceso, reciprocidad y cuidado que solo pueden
construirse en contextos comunitarios y colectivos, no en lógicas puramente estatales o
mercantiles. Textualmente, Coriat (2011) afirma:
Obviamente, uno de los principales intereses de estos nuevos commons del conocimiento
radica en esta característica: su potencial para revolucionar la producción y circulación de
información y conocimiento, al mismo tiempo que protegen y garantizan los derechos
de los inventores anteriores, como en el caso de las personas que cooperan a través de los
protocolos de creative commons. (p. 21)
Silvia Federici (2012) añade un matiz fundamental al vincular los bienes comunes
con la dimensión de la reproducción social y cultural. Para ella, los comunes no son
únicamente recursos materiales, sino también prácticas colectivas que sostienen la vida, la
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memoria y las formas de existencia. Federici et al. (2020) argumentan que: “hoy en día el
principio de los comunes representa una garantía, no solo de supervivencia económica sino
también de agencia y solidaridad sociales: en suma, ese estado de armonía con nosotros
mismos, los demás y el mundo natural que en el continente latinoamericano se expresa
con el concepto de buen vivir” (p.43). Bajo esta mirada, las lenguas indígenas son un
campo de disputa en el que se juega no solo la transmisión de un código lingüístico, sino
la continuidad de cosmovisiones, saberes, afectos y modos de organización comunitaria.
Considerarlas como bienes comunes implica reconocerlas como espacios de resistencia
frente a los procesos de despojo cultural y epistémico.
En un registro más político, Michael Hardt y Antonio Negri (2009) conceptualizan
los comunes como el ámbito de la producción biopolítica; es decir, aquellos recursos y
capacidades generados por la cooperación social, que incluyen el lenguaje, la afectividad,
la creatividad y el conocimiento. Textualmente sostienen que:
Lo común no es solamente la tierra que compartimos, sino también las lenguas que
creamos, las prácticas sociales que establecemos, los modos de socialidad que definen
nuestras relaciones, y así sucesivamente. Se construye a lo largo del tiempo y, en principio,
está abierto a todos. De este modo, incluso es posible considerar a la metrópolis como una
fábrica para la producción de lo común. (p.350)
Bajo esta óptica, las lenguas indígenas son el corazón de los comunes porque
condensan tanto la herencia histórica como la potencia de crear mundos nuevos. No son
simples herramientas de comunicación, sino infraestructuras de lo común que permiten
articular comunidad, solidaridad y lucha política frente a la homogeneización globalizante.
Finalmente, David Harvey (2011), desde la geografía crítica, señala que los comunes
son constantemente objeto de procesos de acumulación por desposesión; es decir, de intentos
de apropiación, privatización o control por parte de poderes estatales y corporativos. En
el caso de las lenguas indígenas, este proceso se expresa en políticas que las reducen a
símbolos folclóricos o a requisitos administrativos, mientras las condiciones materiales
para su transmisión (unidades educativas, formación docente, medios de comunicación
propios) permanecen debilitadas. Pensar las lenguas como bienes comunes exige entonces
resistir a estas formas de despojo y fortalecer su gestión autónoma por parte de los pueblos.
En conjunto, estas perspectivas permiten entender que las lenguas indígenas,
concebidas como bienes comunes, no son simples recursos culturales a ser preservados,
sino territorios vivos que implican relaciones de poder, cuidado, autonomía y resistencia.
La mirada de Ostrom aporta la dimensión comunitaria y autogestionaria; Coriat y Federici
subrayan la importancia de lo cultural y de los cuerpos que sostienen la reproducción de
la vida; Hardt y Negri resaltan la potencia política de lo común frente a los intentos de
captura estatal o mercantil; mientras que Harvey advierte sobre las disputas territoriales y
el riesgo de nuevas formas de despojo. Aplicado al contexto boliviano, este marco permite
cuestionar si las políticas lingüísticas del Estado Plurinacional entre 2004 y 2024 han
garantizado realmente la soberanía lingüística de los pueblos o si han reducido las lenguas
a símbolos gestionados desde arriba.
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Para facilitar la comprensión de la noción de lenguas indígenas como bienes comunes,
se presenta un cuadro comparativo, desde la autogestión comunitaria hasta la crítica a la
acumulación por desposesión. La tabla 1 ofrece claves analíticas para repensar las lenguas
no como meros patrimonios simbólicos, sino como prácticas vivas y territorios colectivos
en disputa.
Tabla 1
Cuadro comparativo: aportes teóricos al concepto de lenguas como bienes
comunes
Autor/a Concepto central
Aporte al debate de los
bienes comunes
Aplicación a las len-
guas indígenas
Elinor Ostrom
(1990).
Autogestión
comunitaria de
recursos.
Las comunidades pueden
gestionar sosteniblemente
sus recursos mediante reglas
propias, sin depender del
Estado o del mercado.
Las comunidades pue-
den denir normas pro-
pias para la transmisión,
uso y revitalización de
sus lenguas.
Benjamin Co-
riat (2011).
Bienes comunes
intangibles.
Amplía la noción de comu-
nes a la cultura, el conoci-
miento y la comunicación.
Destaca reciprocidad y
cuidado comunitario.
Las lenguas son co-
munes culturales que
requieren participación
activa y gestión colecti-
va de los hablantes.
Silvia Federici
(2012).
Reproducción
social y cultural.
Los comunes sostienen la
vida, la memoria y las prác-
ticas colectivas. Los comunes
son también espacios de
resistencia.
Las lenguas indígenas
son prácticas vivas que
transmiten cosmovisio-
nes y resisten el despojo
cultural.
Michael Hardt
& Antonio
Negri (2009).
Producción biopo-
lítica.
Los comunes incluyen len-
guaje, afectividad, conoci-
miento y creatividad genera-
dos socialmente.
Las lenguas son infraes-
tructuras de lo común,
base de comunidad,
cooperación y potencia
política.
David Harvey
(2011).
Acumulación por
desposesión.
Los comunes son constan-
temente amenazados por
procesos de privatización y
control estatal/corporativo.
Las lenguas sufren des-
pojo cuando se reducen
a símbolos o requisitos
burocráticos, perdiendo
condiciones materiales
para su transmisión.
Nota. Elaboración propia con base en la bibliografía consultada.
En conjunto, estas perspectivas permiten entender las lenguas indígenas como bienes
comunes culturales y políticos: territorios vivos atravesados por relaciones de poder,
autonomía y cuidado colectivo. Aplicado al contexto boliviano (2004–2024), este enfoque
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invita a evaluar si las políticas lingüísticas han promovido la soberanía lingüística de los
pueblos o si han reducido las lenguas a emblemas gestionados desde arriba.
3.2. Colonialismo lingüístico y simulación intercultural
El colonialismo lingüístico, planteado por Phillipson (1992), describe cómo una
lengua dominante se impone como vehículo exclusivo de acceso al progreso y la ciudadanía,
subordinando las lenguas de pueblos colonizados. En Bolivia, esta lógica persiste bajo
formas más sutiles: el castellano mantiene su hegemonía en la administración, en la
academia y dentro de la propia Educación Intracultural Intercultural Plurilingüe (EIIP),
que con frecuencia opera como castellanización bilingüe. Estas dinámicas revelan cómo
la colonialidad del poder continúa reproduciéndose a través del lenguaje.
Los estudios sobre derechos lingüísticos colectivos han señalado estas tensiones. López
(2009) advierte que el reconocimiento constitucional de lenguas indígenas no garantiza su
vigencia sin participación comunitaria real en las políticas lingüísticas. Hornberger (2002,
2014), desde la ecología de lenguas, sostiene que la vitalidad lingüística depende de espacios
concretos de uso —educación comunitaria, medios propios, prácticas cotidianas— más
allá del marco legal. En Bolivia, los avances normativos conviven con brechas prácticas
que limitan el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos.
Walsh (2008, 2010) ha denunciado la existencia de una interculturalidad funcional,
que promueve gestos simbólicos sin alterar las estructuras de poder colonial. Este enfoque
coincide con el “multiculturalismo neoliberal” descrito por Hale (2002), donde la diversidad
es aceptada siempre que no cuestione el orden dominante. Bajo esta lógica, las lenguas
indígenas se celebran como patrimonio, pero se les niega su rol como fuentes legítimas
de conocimiento o como bases de soberanía epistémica. Ello configura una pedagogía de
la simulación: se enuncia la interculturalidad en el plano normativo, mientras la práctica
educativa reproduce la jerarquía del castellano como lengua de prestigio y movilidad social.
Desde los estudios decoloniales, Quijano (2000), Walsh (2010) y Grosfoguel (2013)
enfatizan que la colonialidad opera también en el control de los saberes y en la clasificación
racial, por lo que la descolonización epistémica requiere reconocer las epistemologías
indígenas y cuestionar la supremacía lingüística que presenta a las lenguas europeas como
únicas depositarias de ciencia y universalidad.
La perspectiva de Calvet (1999, 2006) complementa este análisis mediante los
conceptos de ecología y mercado lingüístico. Su enfoque muestra que incluso en contextos
de oficialización, el Estado regula jerarquías lingüísticas a través de políticas explícitas e
implícitas. En Bolivia, esto se traduce en un ecosistema donde el castellano domina los
espacios educativos, administrativos y académicos, mientras las lenguas indígenas se relegan
a usos domésticos o simbólicos. Ello evidencia la coexistencia entre reconocimiento formal
y desigualdades funcionales en el “mercado de las lenguas”.
En conjunto, estas perspectivas permiten comprender cómo la colonialidad lingüística
y la simulación intercultural limitan la vigencia efectiva de las lenguas indígenas, pese
al marco plurinacional. La Tabla 2 sintetiza estos aportes y orienta el análisis crítico del
estudio.
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
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Tabla 2
Cuadro comparativo: Colonialismo lingüístico y simulación intercultural
Autor/a Concepto cen-
tral
Aporte al debate Aplicación a lenguas indígenas
en Bolivia
Phillipson
(1992).
Colonialismo
lingüístico.
Denuncia la imposición
de lenguas dominantes
como vía única de progre-
so y ciudadanía.
El castellano mantiene hegemo-
nía en educación y vida públi-
ca, desplazando a las lenguas
indígenas.
López (2009). Derechos
lingüísticos
colectivos.
Destaca que el recono-
cimiento legal no basta,
se requiere participación
comunitaria real.
La ocialización de 36 lenguas
no garantiza su uso cotidiano ni
su transmisión efectiva.
Hornberger
(2014).
Ecología de
lenguas.
Deende la necesidad de
crear espacios de uso y
transmisión sostenidos.
Las lenguas requieren escuelas
comunitarias, medios propios y
políticas de apoyo más allá del
discurso.
Walsh (2009,
2010).
Interculturali-
dad crítica vs.
Funcional.
Advierte contra una
interculturalidad simbó-
lica que no transforma
relaciones de poder.
La EIB se implementa como
“castellanización bilingüe” más
que como proyecto descoloni-
zador.
Quijano
(2000), Walsh
(2010), Grosfo-
guel (2013).
Colonialidad del
poder y sobera-
nía epistémica.
Enfatizan la necesidad de
descolonizar los saberes y
reconocer epistemologías
indígenas.
Las lenguas indígenas deben
ser reconocidas como medios
legítimos de producción de
conocimiento.
Calvet (1999,
2006).
Ecología y mer-
cado lingüístico;
glotopolítica.
Analiza cómo las lenguas
coexisten en sistemas
desiguales de prestigio y
poder, donde el Estado
inuye decisivamente en
la jerarquía lingüística
mediante políticas explí-
citas e implícitas.
Permite comprender cómo el
castellano domina el “mercado
lingüístico” boliviano incluso
con reconocimiento jurídi-
co plurinacional, y cómo las
políticas estatales producen
un ecosistema que favorece su
hegemonía mientras las lenguas
indígenas quedan relegadas a
usos familiares o simbólicos.
Nota. Elaboración propia con base en la bibliografía consultada.
3.3. Agencia indígena, activismo y soberanía lingüística
La tercera vertiente teórica se centra en la agencia indígena, el activismo y la soberanía
lingüística. Desde los estudios decoloniales, Linda Tuhiwai Smith (2012) destaca que
los pueblos indígenas ejercen agencia no solo al resistir la colonialidad, sino al producir
conocimiento y sostener proyectos propios de revitalización cultural y lingüística. En esta
línea, Coulthard (2014) subraya que la autodeterminación no depende del reconocimiento
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estatal, sino de prácticas comunitarias cotidianas que reconstruyen vínculos, saberes y
territorios desde la dignidad y la autonomía.
El activismo lingüístico ha adquirido un papel decisivo en estos procesos. Leonard
(2017) plantea la noción de recuperación lingüística para enfatizar que revitalizar una
lengua implica reactivar cosmovisiones, memorias y relaciones comunitarias, más que
preservar un código aislado. McCarty y Nicholas (2014), en sus estudios con comunidades
navajo y hopi, muestran que las luchas lingüísticas están ligadas a demandas de justicia
social y educativa, con jóvenes indígenas que reconfiguran sus prácticas comunicativas en
escenarios contemporáneos y digitales.
En los últimos años, la soberanía lingüística ha emergido como una categoría clave
para articular lengua, territorio y autodeterminación. Rice (2022) analiza cómo las
posiciones de poder dentro de la lingüística influyen en la relación entre investigadores
y comunidades, resaltando la importancia de que los pueblos mantengan control sobre
decisiones relacionadas con sus lenguas. Simpson (2017), por su parte, destaca que la
soberanía es también relacional: se expresa en formas de vida donde la lengua constituye
una práctica vital para la continuidad cultural y existencial.
En conjunto, estos aportes permiten entender la agencia, el activismo y la soberanía
lingüística como dimensiones interdependientes en los actuales procesos de revitalización
y autodeterminación indígena, y como claves interpretativas para el análisis del contexto
boliviano.
4. Resultados
4.1. Participación de los CEPO en la política educativa: Del Libro Verde (2004) a la
Propuesta Educativa (2024)
a) Trayectoria y panorama histórico
El recorrido entre el Libro Verde de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios
(CEPO) (2004) y la Propuesta Educativa de los CEPO (2024) evidencia una trayectoria
marcada por tensiones persistentes entre la autonomía indígena y la institucionalización
estatal, tal como se observa en la Figura 1. El Libro Verde surgió como una propuesta
ambiciosa de transformación del Estado, orientada por la plurinacionalidad, la democracia
comunitaria y la gestión colectiva de los bienes comunes. En este documento, los CEPO
fueron concebidos como actores estratégicos en la definición de políticas educativas y
lingüísticas, sintetizando décadas de luchas por una educación que respete bienes comunes
como el territorio, el agua, los recursos naturales y el saber comunitario.
Veinte años después, la Propuesta Educativa 2024 se desarrolla en un escenario
distinto, condicionado por restricciones institucionales y por una mayor concentración
del poder en instancias estatales. En este contexto, los CEPO enfrentan limitaciones
significativas: falta de financiamiento estatal o de cooperación, escasa capacidad operativa y
un rol marginal en decisiones estructurales. Paralelamente, instituciones como los Institutos
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
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de Lengua y Cultura (ILC) y el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas
(IPELC) han asumido funciones referentes a las lenguas indígenas y culturas, aunque
también subordinadas a las directrices del Ministerio de Educación.
La Figura 1 sintetiza estas dinámicas, evidenciando la progresiva erosión de la
autonomía y del protagonismo indígena frente a la centralización institucional. Pone en
relieve la precariedad de las iniciativas comunitarias, la concentración estatal del poder
y las limitaciones para implementar políticas que fortalezcan la educación intercultural
bilingüe y la vitalidad de las lenguas indígenas. En conjunto, la trayectoria entre 2004
y 2024 revela un patrón de simulación intercultural y reproducción de colonialismo
lingüístico, donde los avances normativos no necesariamente se traducen en prácticas
que reconozcan la soberanía epistémica y cultural de los pueblos.
Figura 1
Trayectorias de los CEPO entre 2004 y 2024
Nota. Elaboración propia comparando Libro Verde de los CEPO (2004) y la
Propuesta Educativa de los CEPO (2024).
b) Marco normativo y trayectoria de los CEPO en la Educación Intracultural Intercultural
Plurilingüe
El papel de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO) en Bolivia
debe analizarse en su dimensión política y jurídica. Tanto la Ley 1565 como la Ley 070
reconocen su participación en la formulación de políticas interculturales y en la promoción
del plurilingüismo. Sin embargo, la implementación práctica muestra una reducción
progresiva de sus atribuciones, lo que en muchos casos ha limitado su participación a un
rol más simbólico que decisorio. La Tabla 3 evidencia como Ley 070 amplía formalmente
el campo de acción de los CEPO.
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Tabla 3
Comparación de funciones de los CEPO en el marco de las leyes de educación
1565 y 070
Los CEPO en la Ley 1565 Los CEPO en la Ley 070
Participan en la formulación de políti-
cas educativas y velan por su adecua-
da ejecución, particularmente sobre
interculturalidad y bilingüismo (Art. 6,
inciso 5).
Participan en la formulación y gestión de políticas
educativas a nivel nacional, regional y transterrito-
rial, asegurando la implementación en el Sistema
Educativo Plurinacional en áreas intracultural,
intercultural, plurilingüe, comunitaria, productiva,
descolonizadora, técnica, tecnológica, cientíca,
crítica y solidaria (Art. 92, inciso c).
Asimismo, en la Ley 070, dentro del Capítulo IV sobre Participación Social
Comunitaria, se establece la estructura de las instancias de participación, entre las que se
encuentran los CEPO. El Artículo 92, inciso c), asigna a estas instancias responsabilidades
amplias vinculadas a la formulación de políticas educativas y a su gestión desde la
planificación hasta la evaluación, tanto a nivel nacional como en cada entidad territorial
autónoma, con el fin de garantizar una educación intracultural, intercultural, plurilingüe
y comunitaria.
Consejos Educativos de naciones y pueblos indígena originario campesinos: Las naciones
y pueblos indígena originario campesinos en el marco de su estructura organizativa a
través de sus organizaciones matrices, Consejos Educativos de Pueblos Originarios y las
instancias propias de cada uno de ellos, con representación de carácter nacional, regional y
transterritorial, participan en la formulación de políticas y gestión educativas, velando
por la adecuada implementación y aplicación de las mismas en la gestión del Sistema
Educativo Plurinacional para el desarrollo de una educación intracultural, intercultural,
plurilingüe, comunitaria, productiva, descolonizadora, técnica, tecnológica, científica, crítica y
solidaria desde la planificación hasta la evaluación en lo nacional y en cada una de las
entidades territoriales autónomas. (Art. 92, inciso c)
Junto a este reconocimiento, la misma Ley 070 crea los Consejos Educativos Social
Comunitarios (CESC) a nivel departamental, regional, distrital, de núcleo y de unidades
educativas, destinados a reemplazar a las juntas escolares y de núcleo establecidas en la Ley
1565. Los CESC se organizaron en todo el territorio nacional, incluidos los territorios
indígenas. Su funcionamiento dependió, en buena medida, de la capacidad de articulación
entre las organizaciones indígenas y los distritos educativos oficiales. Para ilustrar esta
diversidad de gestiones se presentan dos experiencias: una del Consejo Educativo del
Pueblo Guaraní (CEPOG), en tierras bajas, y otra del Consejo Educativo Aymara (CEA),
en tierras altas
La experiencia del CESC Karatindi del pueblo guaraní se encuentra sistematizada en el
documento “Conformación y funcionamiento del Consejo Educativo Social Comunitario
de Karatindi” (ILCG, 2022). Según este informe:
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
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La conformación y funcionamiento del Consejo Educativo Social Comunitario (CESC) de
Karatindi es una experiencia desarrollada por el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní en
la Unidad Educativa Karatindi, que pertenece al distrito educativo del Municipio de Villa
Vaca Guzmán, en la Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca. (p. 5)
El documento destaca el rol decisivo de las autoridades de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), del CEPOG y del Consejo de Capitanes Guaranís de Chuquisaca (CCCH),
así como el acompañamiento técnico del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní (ILCG).
También participaron estudiantes, madres y padres de familia, autoridades comunitarias,
directores y docentes, quienes contribuyeron al desarrollo de los procesos educativos.
En palabreas de un represéntate del CEPOG:
Ahora las autoridades de los CESC promueven, gestionan o se involucran y dicen “esto
se requiere”; mientras que antes la junta solamente era para firmar planilla, y hasta ahí.
La conformación de los CESC se va profundizando, pero aún falta apropiarse de las
atribuciones que ya tiene; se requiere también seguir realizando acompañamiento en
diferentes comunidades y unidades educativas. Testimonio de Pedro Cusaire, CEPOG.
(ILCG, 2022, p. 24)
Otra autoridad del CEPOG advierte sobre la falta de un reglamento de funcionamiento:
Hasta el año pasado seguíamos discutiendo con el Ministerio de Educación y los consejos
educativos de pueblos originarios, pero no hemos podido lograr un reglamento que
diga de esta manera [están consolidados los CESC]. Para fortalecer la conformación es
necesario que el Ministerio de Educación, de una vez por todas, apruebe el reglamento de
funcionamiento y conformación. (ILCG, 2022, p. 26)
En el caso del CEA, la organización elaboró el documento “Funciones/Atribuciones
de Consejos Educativos Social Comunitarios de la Nación Qullana Aymara” (2019),
destinado a orientar la participación comunitaria en educación. Este material surge de la
ausencia de reglamentación de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 070, pese a múltiples
propuestas trabajadas por los CEPO, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
y diversos actores sociales.
[…] actualmente no se ha podido concretar la reglamentación de los artículos de 90, 91
y 92 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani –Elizardo Pérez”, a pesar de propuestas
trabajadas desde los Consejo Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia […], por esta
razón surge la necesidad del presente documento. (CEA, 2019, p. 5)
El CEA también identifica limitaciones por falta de información:
La falta de información adecuada a los miembros de los Consejo Educativos Social
Comunitarios limita su participación plena como establece la Ley, la falta de socialización
de funciones /atribuciones de CESC restringe en el ejercicio de sus funciones y
simplemente realizan en actividades como el recojo y distribución de alimentación escolar
complementaria (desayuno escolar) ,estas acciones limita el avance de implementación y la
consolidación de la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez. (CEA, p. 6)
Luz Jiménez Quispe
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Figura 1
Estructura de los CESC y niveles de coordinación. Artículo 92, inciso c) y d).
Nota. La figura forma parte de Funciones/Atribuciones de Consejos Educativos
Social Comunitarios de la Nación Qullana Aymara (2029, p. 13).
En síntesis, la trayectoria normativa y organizativa de los CEPO revela una tensión
persistente entre el reconocimiento legal de un rol protagónico en la construcción de
la educación intracultural, intercultural y plurilingüe y las limitaciones prácticas de su
participación en la gestión educativa. Aunque la Ley 070 amplía explícitamente sus
atribuciones, la ausencia de una reglamentación específica y la emergencia de instancias
estatales como el IPELC y los ILC
2
—cuyos técnicos están jerárquicamente subordinados
al Ministerio de Educación— han reducido su autonomía efectiva. Los casos del CEPOG
y del CEA muestran que, a pesar de estas restricciones, los CEPO continúan impulsando
formas de participación comunitaria en educación, con resultados diversos según las
capacidades organizativas y las relaciones con las autoridades educativas estatales. Esta
dualidad entre reconocimiento formal y limitación operativa constituye un elemento
central para comprender su papel actual en la educación intracultural e intercultural en
Bolivia.
2 Este desplazamiento no es accidental, sino parte de un proceso de institucionalización y cooptación. Artículo
88. (Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas).
1. Se crea el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas como entidad descentralizada del Ministe-
rio de Educación, que desarrollará procesos de investigación lingüística y cultural.
2. El Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, creará los institutos de lenguas y culturas por cada
nación o pueblo indígena originario campesino para la normalización, investigación y desarrollo de sus lenguas y
culturas, los mismos que serán financiados y sostenidos por las entidades territoriales autónomas.
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
-55-
c) Autoría y composición de los documentos: de la articulación orgánica a la
representación formal
La autoría del Libro Verde de los CEPO (2004) constituye un hito en la historia
contemporánea del movimiento indígena en Bolivia. El documento fue elaborado por los
Consejos Educativos de Pueblos Originarios en articulación con las organizaciones matrices
de alcance nacional —CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, APG, FNMCB-BS, entre
otras—, y se nutrió de un amplio proceso de consulta a comunidades indígenas de tierras
altas, valles y regiones amazónicas. Este proceso culminó en un congreso nacional realizado
en 2003 en la ciudad de Santa Cruz, convocado por las organizaciones matrices y por los
cuatro CEPO existentes. Por primera vez, pueblos indígenas provenientes de diferentes
pisos ecológicos lograron consensuar un horizonte estratégico común: la educación como
base para la vida, la autodeterminación y la construcción de un futuro colectivo.
Este acuerdo —inédito en la trayectoria política del movimiento indígena— consolidó
al Libro Verde como un referente de diálogo intercultural y de articulación orgánica. La
educación fue concebida como intracultural, intercultural y plurilingüe y las lenguas como
bienes comunes vivos vinculados a luchas territoriales, sociales y políticas más amplias.
Desde la perspectiva del colonialismo lingüístico, este momento puede interpretarse
como un intento por desmantelar jerarquías históricas de subordinación y situar la
educación dentro de un proyecto de descolonización liderado por los propios pueblos, y
no exclusivamente por el aparato estatal.
Dos décadas más tarde, la Propuesta Educativa de los CEPO (2024) emerge en un
escenario institucional y político profundamente diferente. Aunque los CEPO continúan
siendo instancias formalmente reconocidas por la normativa vigente, con un débil respaldo
orgánico de las organizaciones matrices, operan con recursos limitados y disponen de
una capacidad política más reducida. Su rol se ha visto restringido, en varios casos, a la
validación de lineamientos estatales en un contexto donde el IPELC y los ILC concentran
el poder institucional y técnico, desplazando el horizonte transformador del Libro Verde
hacia un rol más adaptativo y subordinado.
Tabla 4
Autoría y actores presentes en los documentos del 2004 y 2024
Participantes del Libro Verde (2004) Participantes de la Propuesta Educativa
(2024)
Cuatro CEPO y organizaciones matrices
nacionales (CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ,
APG, FNMCB-BS, entre otros).
Doce CEPO con representación formal, amplia-
da a pueblos y comunidades, sin participación
explicita de organizaciones indígenas naciona-
les.
Participación orgánica y consultiva de las
comunidades en todo el territorio nacional.
Participación condicionada por requisitos for-
males y centralización institucional, reduciendo
autonomía y capacidad de incidencia.
Nota. Elaboración propia con base en los documentos de los CEPO (2004, 2024).
Luz Jiménez Quispe
-56-
En la Propuesta Educativa (2024), los CEPO hacen un llamado explícito a sus
compañeros indígenas que trabajan en los ILC y el IPELC para fortalecer la coordinación
y superar las debilidades detectadas en la gestión educativa, enfatizando la necesidad de
respetar las funciones asignadas a cada instancia por la normativa vigente. El documento
recuerda que.
El proyecto de creación del IPELC nació desde los Consejos Educativos de los Pueblos
Originarios (CEPOS) para acompañar el proceso de transformación educativa. De hecho,
el IPELC […] debería trabajar de manera coordinada y conjunta con los CEPOS, de
acuerdo a las normas vigentes. (CEPO, 2024, p. 28).
Asimismo, se aclara que los Institutos de Lengua y Cultura (ILC) fueron creados
como instancias de apoyo técnico para operativizar los currículos regionalizados en las
unidades educativas. Sin embargo, según el diagnóstico de los propios CEPO:
Los ILC no están adecuadamente formados en sus funciones técnicas y de coordinación
con las organizaciones de las NPIO-A. (CEPO, 2024, p. 28)
El documento también identifica problemas estructurales y de gestión en los ILC:
Algunos ILC son improvisados; no están formados ni capacitados para cumplir sus
funciones como técnicos, principalmente en metodologías de investigación, registro, uso y
enseñanza de la lengua. Inclusive, hay ILC que no tienen dominio de la lengua originaria.
La mayoría son nombrados por afinidad política y no por capacidades, eso limita sus
funciones. (CEPO, 2024, p. 29)
Con respecto a la administración de los fondos provenientes de la certificación de
idiomas, los CEPO señalan:
En relación a los fondos generados por la certificación de idiomas, el IPELC no rinde
cuentas a las organizaciones, a pesar de existir un control económico reglamentado, que
contempla una rendición de cuentas a las organizaciones indígena originarias. (CEPO,
2024, p. 29)
Finalmente, advierten sobre la falta de claridad en los procedimientos y convenios
relacionados con la certificación de idiomas:
Existe ambigüedad en las instancias de certificación del idioma. No se conoce los convenios
con instancias estatales. (EGPP, Ministerio de culturas), ni se sabe cómo se distribuyen los
ingresos. (CEPO, 2024, p. 29)
d) Agendas políticas: del horizonte transformador a la gestión adaptativa
En el Libro Verde (2004), la articulación entre autoría colectiva y construcción
política se traducía en un horizonte de transformación profunda. Su propósito no era
únicamente rediseñar el sistema educativo, sino contribuir a la refundación del Estado
desde la plurinacionalidad, reorganizar el territorio mediante autonomías y consolidar
un modelo económico basado en la gestión comunitaria de los recursos naturales. Ese
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
-57-
documento expresaba una visión estratégica de largo plazo, anclada en la descolonización
y la reconstitución de los sistemas normativos y organizativos indígenas.
Veinte años después, la Propuesta Educativa (2024) se inscribe en un registro político
distinto. Si bien mantiene la representación orgánica de los CEPO, ya no proyecta un
horizonte de transformación estructural. En lugar de ello, se orienta hacia la recuperación
de capacidades básicas de gestión, la formulación de propuestas “viables y sostenibles” y el
aseguramiento de una educación de “calidad, incluyente y sostenible” dentro del marco
estatal existente. Esta reorientación marca un tránsito desde una narrativa de refundación
hacia una narrativa de administración estratégica.
Tabla 5
Comparación de agendas – Libro Verde y Propuesta educativa
Libro verde – 2004 Propuesta educativa – 2024
Esta propuesta se constituye en una alternativa
de cambio profundo al actual sistema educativo
del país. Esta transformación implica la funda-
ción de un nuevo Estado a partir del reconoci-
miento pleno de nuestra plurinacionalidad, la
profundización de la democracia comunitaria,
la recuperación de los usos y costumbres, el
reordenamiento territorial con autonomía, un
nuevo modelo económico y social basado en la
economía comunitaria y de gestión de recursos
naturales. (p.6)
Los CEPOS, como representantes orgánicos
de nuestras NPIO-A, consideramos que es el
momento de recuperar nuestras capacidades
para generar propuestas viables, pertinentes,
relevantes y sostenibles a n de reencausar el
MESCP en las nuevas condiciones que nos
exige el momento actual y la profundización
del derecho a la educación de calidad, inclu-
yente y sostenible. (p.3)
Nota. Las cursivas se han empleado con fines de énfasis en el análisis.
Este contraste revela un desplazamiento político significativo: se pasa de una agenda
estratégica orientada a la transformación estructural del Estado y del sistema educativo,
hacia una agenda adaptativa centrada en la gestión, la sostenibilidad mínima de acciones y el
cumplimiento del marco institucional vigente. En esta transición, la narrativa política de los
CEPO deja de proyectar un horizonte de descolonización y reconstitución plurinacional,
y se reconfigura en torno a la recuperación de capacidades, la pertinencia operativa y la
viabilidad administrativa. El énfasis ya no está en imaginar otro Estado, sino en asegurar
que el sistema actual funcione bajo mejores condiciones.
e) Síntesis interpretativa: entre el reconocimiento normativo y la erosión del protagonismo
indígena
La revisión del marco normativo, la trayectoria histórica, la autoría de los documentos
y las agendas políticas de los CEPO permite identificar un patrón consistente: la ampliación
del reconocimiento formal de la participación indígena en la educación no ha ido
acompañada de un fortalecimiento real de su capacidad de incidencia. Mientras el Libro
Verde (2004) condensó un momento de articulación orgánica, legitimidad comunitaria
y proyección política transformadora, la Propuesta Educativa (2024) evidencia un
Luz Jiménez Quispe
-58-
escenario caracterizado por el debilitamiento institucional, las restricciones operativas y
la subordinación a estructuras estatales crecientemente centralizadas.
La comparación de agendas presentada en la Tabla 5 ilumina con claridad este
desplazamiento. El Libro Verde proyectaba una transformación estructural del Estado, el
territorio y el modelo económico, organizada desde la soberanía epistémica y política de los
pueblos originarios. En cambio, la agenda de 2024 se articula en torno a la recuperación
de capacidades mínimas, la viabilidad administrativa y la sostenibilidad operativa dentro
del marco estatal vigente. La afirmación central de la Propuesta 2024 —“es el momento de
recuperar nuestras capacidades para generar propuestas viables, pertinentes y sostenibles”—
sintetiza este giro: la reivindicación del poder constituyente indígena se diluye, dando
paso a una formulación que reconoce la necesidad de reconstruir capacidades que antes
se asumían consolidadas. Este desplazamiento revela un cambio profundo: los CEPO
dejan de posicionarse como actores que definen horizontes estratégicos para convertirse en
instancias que buscan reinsertarse en un sistema que progresivamente los ha marginado.
Este tránsito desde un horizonte constituyente hacia una lógica adaptativa expone la
pérdida de fuerza propositiva y protagonismo político. La insistencia en la “recuperación
de capacidades” evidencia los efectos acumulados de años de debilitamiento institucional,
debilitamiento del respaldo orgánico y dependencia estructural del aparato estatal.
El análisis muestra también que los avances normativos —desde la Ley 1565 hasta la
Ley 070— han ampliado discursivamente el rol de los CEPO, pero sin crear condiciones
materiales, políticas ni presupuestarias que permitan ejercerlo de manera efectiva. La
consolidación del IPELC y los Institutos de Lengua y Cultura como espacios decisorios
dentro del Sistema Educativo Plurinacional ha desplazado progresivamente la autonomía
indígena, debilitando el vínculo entre los CEPO y las organizaciones matrices y reduciendo
las posibilidades de sostener proyectos educativos construidos desde las comunidades.
Este recorrido evidencia que la interculturalidad y las lenguas indígenas reconocidas
en la normativa corren el riesgo de convertirse en dispositivos simbólicos si no se sustentan
en la soberanía epistémica, organizativa y territorial de los pueblos originarios. La erosión
del protagonismo indígena y la centralización estatal reproducen lógicas de simulación
intercultural y colonialismo lingüístico, limitando la formulación de políticas educativas
y lingüísticas que reflejen las realidades, prioridades y proyecciones de las naciones y
pueblos indígenas.
En este sentido, la comparación entre 2004 y 2024 no solo documenta un cambio
institucional, sino también una disputa por el sentido mismo de la educación intercultural
y la gestión de las lenguas indígenas: entre un enfoque comunitario, plurinacional y
descolonizador, y otro administrado por el Estado, más normativo que emancipador. Esta
tensión constituye uno de los desafíos centrales para el futuro de la educación indígena
en Bolivia.
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
-59-
4.2. Entre el reconocimiento ocial y la pérdida real de hablantes: evidencia censal
2012–2024
Los censos de 2012 y 2024 evidencian un retroceso sostenido en la transmisión
intergeneracional de la mayoría de las lenguas indígenas del país, pese a su reconocimiento
constitucional como idiomas oficiales del Estado. Las lenguas más habladas —quechua y
aymara— registran descensos significativos: el quechua pasa de 1.613.210 hablantes en
2012 a 1.395.229 en 2024, y el aymara de 998.314 a 774.874. La situación es aún más
crítica en lenguas como canichana, itonama o mach’juyay kallawaya, que prácticamente
desaparecen en el periodo (véase Tabla 6). Estos datos evidencian la contradicción
estructural entre el discurso estatal de descolonización y la persistente hegemonía del
castellano en la socialización temprana.
Aunque existen excepciones —como el crecimiento del tsimane’, el uru-chipaya, el
zamuco o el yuqui—, el balance general confirma una pérdida acelerada de hablantes y la
fragilidad de los espacios comunitarios de transmisión lingüística. Sin políticas activas de
revitalización, articuladas con proyectos comunitarios y con un compromiso real con la
soberanía lingüística, varias lenguas bolivianas continúan en un camino de desplazamiento
acelerado.
En este contexto, la afirmación de la Propuesta Educativa de los CEPO (2024) —“es
el momento de recuperar nuestras capacidades para generar propuestas”— adquiere una
relevancia estratégica. Los datos censales muestran que ya no basta con el reconocimiento
formal de derechos lingüísticos: se requiere reconstruir capacidades comunitarias,
institucionales y territoriales para diseñar e implementar políticas de revitalización que
sean viables y sostenibles. En otras palabras, los censos no solo describen tendencias,
sino que interpelan directamente la política lingüística estatal y la relación entre Estado
y pueblos indígenas.
Sin políticas activas de revitalización, articuladas con proyectos comunitarios y con
un compromiso real con la soberanía lingüística, el horizonte de varias lenguas bolivianas
es la extinción.
Luz Jiménez Quispe
-60-
Tabla 6
Bolivia: población de 4 o más años de edad por idioma en el que aprendió a
hablar
Pueblo indígena originario 2012 2024
Afroboliviano 433
Araona 711 108
Aymara 998.314 774.874
Baure 58 11
Bésiro 6.709 727
Canichana 1.253 9
Cayubaba 1.246 7
Chácobo 1.028 1.055
Ese Ejja 2.782 1.350
Guaraní 51.991 43.870
Guarasu'we 383 1
Gwarayu 8.885 7.736
Itonama 1.249 18
Kabineña 1.173 8
Leco 189 62
Mach'juyay Kallawaya 858 7
Machineri 108 11
Maropa 57 31
Mojeño Ignaciano 1.377 354
Mojeño Trinitario 3.129 1.835
Moré 5 9
Mosetén 1.059 1.110
Movima 675 280
Pacahuara 6 23
Puquina 104 94
Quechua 1.613.210 1.395.229
Sirionó 99 43
Tacana 559 348
Tapiete 56 59
Tsimane' 10.968 16.556
Uru-Chipaya 1.526 1.918
Weenhayek 4.551 4.515
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
-61-
Yaminawa 150 118
Yuqui 184 243
Yurakaré 1.614 910
Zamuco 504 1.660
Otras declaraciones 1.345 253
Nota. Elaboración propia con base en los datos del INE, censos del 2012 y 2014.
4.3. Transmisión intergeneracional y vulnerabilidad lingüística
Los datos desagregados por edad de los censos de 2012 y 2024 muestran con gran
claridad la vulnerabilidad extrema de la mayoría de las lenguas amazónicas (véase Tabla 7).
En varias de ellas —como baure, canichana, cayubaba, itonama, kabineña o mach’juyay
kallawaya— el número total de hablantes disminuye de forma drástica y se concentra
casi exclusivamente en personas adultas o ancianas. La ausencia de niños, niñas y jóvenes
en los registros censales confirma un proceso avanzado de ruptura en la transmisión
intergeneracional: las lenguas subsisten solo entre las generaciones mayores, sin incorporarse
de manera significativa a la vida de niños, adolescentes o jóvenes. Esta discontinuidad
compromete directamente su vitalidad y la continuidad de los saberes culturales asociados.
Tabla 7
Bolivia: población hablante (4 años o más) y presencia por grupos de edad,
lenguas seleccionadas (2012 y 2024)
Pueblo
indígena
Total,
hablantes
2012
Presencia por
grupos de edad
2012
Total,
hablantes
2024
Presencia por
grupos de edad
2024
Situación
Baure 58
Solo adultos y
mayores.
11
Exclusivamente
adultos mayores.
Colapso profun-
do.
Canichana 1.253
Cohortes juveni-
les mínimas.
9
Niñez y juventud
casi nulas.
Extrema vulne-
rabilidad.
Cayubaba 1.246 Jóvenes y adultos. 7
Habla concentra-
da en mayores.
Extrema vulne-
rabilidad.
Itonama 1.249
Predominio de
adultos jóvenes.
18
Muy baja presen-
cia juvenil.
Riesgo crítico.
Kabineña 1.173
Niños, jóvenes y
adultos.
8
Desaparición de
hablantes jóvenes.
Declive abrupto.
Pacahuara 6
Presencia mínima
en varias edades.
23
Registra niños,
adolescentes y
adultos.
Recuperación
parcial.
Moré 5
Solo adultos y
mayores.
9
Incorpora niños y
adultos jóvenes.
Recuperación
incipiente.
Nota. Elaboración propia con base en los censos del INE (2012 y 2024).
Luz Jiménez Quispe
-62-
En 2012, algunas lenguas aún contaban con pequeñas cohortes juveniles; sin embargo,
para 2024 estas prácticamente han desaparecido, lo que evidencia que varias se encuentran
en riesgo inminente de “quedarse dormidas” o extinguirse. La situación amazónica es
particularmente crítica y se ve agudizada por factores como el predominio del castellano
en la escuela, las exigencias lingüísticas de los mercados laborales, la movilidad territorial
y la migración estacional.
Este escenario contrasta fuertemente con la retórica estatal de plurinacionalidad
e interculturalidad. Aunque la Constitución reconoce los derechos lingüísticos de los
pueblos indígenas, las políticas públicas no han logrado generar condiciones efectivas
para la revitalización ni han acompañado de manera sostenida los esfuerzos comunitarios
destinados a fortalecer la transmisión a niños, niñas y adolescentes. La ausencia de hablantes
jóvenes implica que, sin intervenciones urgentes, focalizadas y construidas con los propios
pueblos, la soberanía lingüística de estas naciones corre el riesgo de reducirse a la memoria
de las generaciones mayores.
No obstante, existen excepciones relevantes. Lenguas como Pacahuara o Moré
muestran señales de recuperación cuando se articulan estrategias comunitarias coherentes,
sostenidas y culturalmente enraizadas. Aunque estos casos representan experiencias
esperanzadoras, siguen siendo excepcionales dentro de un panorama general marcado
por una zona roja de riesgo vital.
Si no se implementan políticas de revitalización sostenibles, intersectoriales y
colaborativas, el Estado Plurinacional de Bolivia enfrenta la pérdida irreversible de una
parte fundamental de su diversidad lingüística y cultural, con profundas implicaciones
para la interculturalidad, la transmisión de conocimientos y la continuidad de diversas
cosmovisiones indígenas.
4.4 Resistencias desde los márgenes: activismo y soberanía comunitaria
El desplazamiento de una agenda transformadora hacia una adaptativa no implica
ausencia de cambio. Más bien revela que, mientras el Estado se repliega hacia la gestión
administrativa, son los territorios y las comunidades quienes sostienen las transformaciones
más profundas. Allí, en los márgenes, emergen iniciativas que mantienen vivo el horizonte
plurinacional mediante prácticas concretas de resistencia cultural y lingüística.
A pesar de las limitaciones estructurales en la implementación de políticas, los pueblos
indígenas despliegan formas sostenidas de activismo lingüístico que incluyen la elaboración
comunitaria de materiales, talleres locales de alfabetización, medios de comunicación
propios y el trabajo de los CEPO e ILC. Estas acciones configuran agendas de revitalización
entendidas como bienes comunes vivos y expresiones de soberanía lingüística. Desde
este marco, lo que Hardt y Negri (2009) conceptualizan como producción de lo común
cobra materialidad en experiencias como la producción de textos en quechua descrita
por Zurita Cavero (2012) o los talleres del ILC-Gwarayú (2013), donde revitalización e
institucionalidad plurinacional se articulan de manera creativa. Federici (2012) recuerda
que estos comunes operan como infraestructuras de cuidado y reproducción cultural.
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
-63-
Sin embargo, esta agencia comunitaria enfrenta límites persistentes: la hegemonía del
castellano, políticas estatales que reproducen lógicas de simulación intercultural y brechas
en la formación docente en lenguas originarias (Lorenzo, 2023). Como advierte Calvet
(1999, 2006), las lenguas coexisten en sistemas jerarquizados donde el Estado refuerza
inequidades de prestigio. Walsh (2010) añade que la interculturalidad funcional reconoce
la diversidad sin transformar las relaciones de poder que la atraviesan.
En este escenario, el activismo lingüístico constituye un espacio estratégico para
disputar la soberanía lingüística y reposicionar las lenguas indígenas en la vida social.
Estas prácticas permiten que los idiomas retornen a la educación, a la cotidianidad y
a la organización comunitaria, mostrando que la revitalización no es solo un mandato
institucional, sino un proyecto político y cultural impulsado desde las propias comunidades.
5. Discusión teórica
La revisión de los marcos teóricos y de los resultados empíricos permite formular una
lectura crítica sobre la situación actual de las lenguas indígenas en Bolivia entre 2004 y
2024. Como se argumentó en el apartado anterior, mientras las dinámicas institucionales
muestran un proceso de centralización y debilitamiento del protagonismo indígena, los
territorios sostienen formas de resistencia y acción colectiva. A partir de esta constatación,
la discusión teórica permite comprender las tensiones que atraviesan las políticas lingüísticas
del Estado Plurinacional y las prácticas comunitarias de revitalización.
En primer lugar, concebir las lenguas como bienes comunes culturales y políticos
(Ostrom, 1990; Coriat, 2011; Federici, 2012; Hardt & Negri, 2009; Harvey, 2011)
ofrece un marco interpretativo que supera su reducción a patrimonio simbólico o
recurso instrumental. Desde esta perspectiva, la vitalidad lingüística depende tanto de
la participación activa de las comunidades en su gestión, cuidado y transmisión como
de la existencia de condiciones materiales, sociales y organizativas que garanticen su
reproducción intergeneracional.
Sin embargo, los datos censales de 2012 y 2024 revelan una contradicción estructural.
A pesar del reconocimiento constitucional de 36 lenguas indígenas y de la existencia
de políticas interculturales, la transmisión intergeneracional se encuentra seriamente
debilitada, sobre todo entre pueblos amazónicos y lenguas con pocos hablantes. Este
patrón confirma que las lenguas no pueden sostenerse únicamente mediante declaraciones
normativas; requieren agencia comunitaria efectiva y espacios reales de uso cotidiano, en
consonancia con la ecología de lenguas propuesta por Hornberger (2002).
Asimismo, el análisis histórico de los CEPO —desde el Libro Verde (2004) hasta la
Propuesta Educativa (2024)— muestra que la consolidación de instituciones centralizadas
como el ILC y el IPELC ha desplazado progresivamente la autonomía indígena en la toma
de decisiones sobre educación y lenguas. Este desplazamiento institucional reproduce, en
la práctica, formas de colonialismo lingüístico (Phillipson, 1992), en las que el castellano
mantiene su hegemonía funcional en la educación, la administración pública y los medios
de comunicación, mientras que las lenguas indígenas quedan relegadas a ámbitos simbólicos
o comunitarios. Walsh (2008, 2010) denomina a este fenómeno simulación intercultural,
Luz Jiménez Quispe
-64-
en la cual el reconocimiento formal convive con la perpetuación de jerarquías lingüísticas
y de poder.
Desde la perspectiva de la soberanía epistémica y la agencia indígena (Quijano, 2000;
Tuhiwai Smith, 2012; Grosfoguel, 2013; Simpson, 2017), los resultados muestran que
la pérdida de hablantes y la creciente centralización institucional limitan la capacidad
de los pueblos originarios para decidir sobre sus lenguas, sus prácticas educativas y sus
propias formas de conocimiento. La brecha entre reconocimiento legal y ejercicio efectivo
de derechos lingüísticos revela una tensión constante entre un horizonte comunitario,
plurinacional y descolonizador, y la reproducción de jerarquías estatales que restringen la
autonomía indígena en el ámbito educativo.
La evidencia censal también permite visualizar la fragilidad intergeneracional de
numerosas lenguas, especialmente amazónicas y minoritarias. Procesos acelerados de
desplazamiento lingüístico ponen en riesgo la continuidad de idiomas como canichana,
itonama o mach’juyay kallawaya, que prácticamente desaparecen en un período de doce
años. Este escenario confirma la necesidad de políticas de revitalización activas, sostenidas
y comunitarias, que trasciendan el mero reconocimiento simbólico e involucren estrategias
de reproducción lingüística construidas desde las propias comunidades.
En síntesis, la discusión permite afirmar que:
1. Las lenguas indígenas son bienes comunes vivos, cuya preservación depende de la
autonomía y agencia de las comunidades hablantes, así como del acceso a recursos
materiales, educativos y tecnológicos.
2. El reconocimiento normativo, aunque significativo en términos simbólicos, ha resultado
insuficiente para garantizar la transmisión intergeneracional y la soberanía lingüística,
reproduciendo formas de simulación intercultural y colonialismo lingüístico.
3. La centralización estatal y la burocratización de la gestión educativa han desplazado los
horizontes transformadores del Libro Verde hacia una lógica adaptativa, evidenciando un
patrón de erosión del protagonismo indígena.
4. La revitalización efectiva requiere articular marcos comunitarios, políticas públicas
sostenibles y activismo lingüístico, promoviendo una interculturalidad crítica donde la
lengua funcione como espacio de resistencia, de producción de conocimiento y de ejercicio
de soberanía epistémica.
En suma, los hallazgos muestran que el desafío central para la educación intercultural en
Bolivia no es únicamente normativo, sino estructural, político y relacional. La continuidad
de las lenguas indígenas depende de la capacidad de las comunidades para mantener su
agencia, desarrollar estrategias colectivas y disputar su lugar en el sistema educativo y en
la sociedad en general. Este análisis refuerza la necesidad de una acción articulada entre
políticas estatales, activismo comunitario y gestión de bienes comunes lingüísticos como
única vía para garantizar la vitalidad y el protagonismo de las lenguas originarias.
Lenguas indígenas como bienes comunes. Crítica a las políticas lingüísticas en el bicentenario boliviano
-65-
6. Conclusiones
El análisis de las políticas lingüísticas en Bolivia entre 2004 y 2024 evidencia avances
normativos significativos en la revitalización de las lenguas indígenas como bienes comunes,
especialmente a través de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, en el marco
del Bicentenario; sin embargo, estos logros permanecen frágiles. La limitada capacidad
operativa de los ILC y los CEPO, la centralización institucional y la persistencia de
tensiones políticas muestran que el reconocimiento legal de las lenguas indígenas no
garantiza su sostenibilidad ni su reproducción intergeneracional.
La continuidad y vitalidad de estas lenguas dependen también de la participación
activa de los hablantes y las comunidades, quienes deben asumir un rol central en su
transmisión, uso cotidiano y visibilización social. La pérdida de una lengua no implica
solo la desaparición de un medio de comunicación, sino también el debilitamiento de la
diversidad cultural, social y epistémica que constituye la riqueza del país.
Proteger las lenguas indígenas es, por tanto, un acto de justicia histórica y de soberanía
cultural. Requiere un compromiso crítico, estrategias sostenidas y vigilancia permanente
frente a procesos de simulación intercultural y colonialismo lingüístico. Académicos,
activistas y comunidades deben asumir la función de guardianes de estos bienes comunes
lingüísticos, fortaleciendo la autonomía y vitalidad de las lenguas originarias para que
continúen siendo recursos vivos, dinámicos y centrales en la identidad plurinacional de
Bolivia.
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