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Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad
de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
Marcelo Arancibia Guzmán
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito identificar las tensiones entre el
empoderamiento del discurso indigenista y su instrumentalización política en la
construcción del Estado Plurinacional de Bolivia (2006–2019), así como analizar la
discursividad de las políticas públicas educativas durante este periodo. La pregunta que
orientó la investigación es: ¿Cómo se manifiestan dichas tensiones y de qué manera se
expresan en el discurso oficial de las políticas educativas del Estado Plurinacional?
Los resultados evidencian que, a pesar del discurso oficialista sobre la autodeterminación
de los pueblos indígenas, campesinos, originarios y de las clases subalternizadas, las
políticas educativas operan como instrumentos de reproducción de jerarquías sociales
preexistentes. Dichas políticas limitan la agencia de los sujetos y restringen la posibilidad
de una transformación estructural en la agenda educativa posneoliberal.
Palabras claves: Estado Plurinacional, posneoliberalismo, discursividad de las
políticas educativas, empoderamiento e instrumentalización política, discurso oficialista
y autodeterminación.
Introducción
El Gran Hermano te vigila
George Orwell (2013).
La frase tomada de la novela de George Orwell (1984) constituye un símbolo poderoso
de control y vigilancia estatal que permite establecer un puente con las reflexiones clásicas
de omas Hobbes ([1651] 2019) en El Leviatán. Ambos autores, desde distintos contextos
históricos y tradiciones, plantean que el Estado se erige como garante del orden frente a la
naturaleza conflictiva de los seres humanos, aunque con matices diferenciados: mientras
Hobbes lo concibe como producto de un contrato social que otorga soberanía absoluta a un
poder central, Orwell lo retrata como una distopía en la que dicho poder deviene opresión
y vigilancia total. Esta relación entre control, legitimidad y contrato social constituye un
punto de partida para analizar los procesos contemporáneos de configuración estatal.
Con un solo movimiento, ella se despoja de sus ropas y las arroja despectivamente a un
lado. Su cuerpo, blanco y suave, no despierta deseo en Winston, quien simplemente lo
observa. Lo que realmente lo entusiasma es el gesto con el que la joven se ha liberado de sus
1 Licenciado en Ciencias de la Educación, docente titular de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón.
Correo electrónico: m.arancibia@umss.edu y ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0886-1716.
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prendas. Con la gracia y el descuido de ese movimiento, parece estar aniquilando toda su
cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el Gran Hermano, el Partido y la Policía
del Pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple gesto. (Orwell,
2013, p. 27)
El acto de despojarse de la ropa como rechazo a la cultura y a la dominación del Gran
Hermano se interpreta como metáfora de un acto constituyente, una ruptura con el orden
establecido que abre paso a un nuevo sistema de valores. Desde la teoría social, Talcott
Parsons (1968) entiende este tipo de transformación como un cambio en las normas que
regulan la interacción y reestructuran las relaciones entre Estado y la sociedad. En este
sentido, el tránsito hacia el Estado Plurinacional en Bolivia puede ser interpretado como
un acto simbólico de despojo del neoliberalismo y de los principios que lo sustentaban,
tales como la reducción del gasto público, la desregulación económica, la privatización
de la educación y el predominio del mercado sobre el Estado.
La transición hacia un modelo posneoliberal se expresó en la adopción de políticas
sociales, normativas y educativas que privilegiaron la redistribución, la regulación estatal
y la búsqueda de equidad. En el caso boliviano, este cambio estuvo marcado por un acto
constituyente de gran complejidad, impulsado por la convergencia del partido de gobierno
y diversos actores sociales; principalmente, las organizaciones indígenas, campesinas y
originarias y sectores históricamente subalternizados, articulados en el denominado Pacto
de Unidad. Esta alianza, que emergió de las luchas sociales de los años ochenta y noventa,
cobró fuerza en la primera década del siglo XXI y resultó decisiva para el ascenso del
Movimiento al Socialismo al poder en 2006.
El Pacto de Unidad –conformado por organizaciones como la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu
(CONAMAQ), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
de Bolivia “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de
Bolivia (CSCIB)– desempeñó un rol protagónico en la definición de la agenda política del
primer gobierno posneoliberal. Su participación no solo incidió en el plano discursivo, sino
también en la configuración de políticas públicas que buscaron desmontar las estructuras
neoliberales y refundar el Estado sobre nuevas bases.
Este proceso de transición no estuvo exento de tensiones. El proceso constituyente
(2006-2009), concebido como ruptura con el modelo neoliberal, abrió un espacio de
disputa en torno al significado y alcance del Estado Plurinacional que, con la nueva
constitución, adquirió forma institucional. Mientras algunos actores lo entendieron como
una oportunidad de empoderamiento y autodeterminación de los pueblos indígenas,
campesinos y originarios; otros, como ocurre en los relatos orwellianos, con el ejercicio
del poder mostraron sus ambigüedades y advirtieron su progresiva instrumentalización
por parte del aparato estatal y del partido gobernante.Estas tensiones desde un inicio se
caracterizaron por sus dinámicas de vigilancia, control y centralización. Un ejemplo es
lo ocurrido con el conflicto del TIPNIS en 2011, mientras que la nueva constitución
reconoce la autodeterminación territorial y cultural de las poblaciones indígenas. El
actuar del gobierno mostró una discontinuidad discursiva con lo sucedido en la octava
marcha indígena al cooptar la lucha en defensa de los territorios indígenas y del Parque
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Nacional Isiboro Sécure, que es un reflejo de la progresiva instrumentalización del discurso
plurinacional.
La narrativa del párrafo anterior es fundamental, como ejemplo, para comprender
la discursividad de las políticas públicas educativas, así como el campo educativo es un
espacio que permite analizar las tensiones entre empoderamiento e instrumentalización y
la persistencia de lógicas heredadas del Estado-Nación.
El artículo se organiza en cinco apartados principales. En primer lugar, se describe
la metodología de investigación. En segundo lugar, se aborda la relación entre Estado,
posneoliberalismo y Estado Plurinacional, con el fin de situar teóricamente la transformación
del modelo estatal boliviano. En tercer lugar, se examina el origen del Estado Plurinacional,
analizando la tensión entre el empoderamiento de las organizaciones indígenas, campesinas
y originarias y su eventual instrumentalización política. El cuarto apartado se centra en la
discursividad de las políticas públicas educativas en el contexto del Estado Plurinacional,
explorando cómo el discurso oficial se articula con las prácticas concretas de gobierno.
Finalmente, el quinto apartado presenta las conclusiones, que sintetizan los hallazgos y
señalan los desafíos pendientes para una consolidación efectiva del modelo plurinacional.
1. Artesanía metodológica: huellas y voces de los actores sociales del Estado
Plurinacional
La investigación se desarrolló desde un enfoque sociohistórico y cualitativo que articula
distintos niveles de análisis para comprender la configuración del Estado Plurinacional de
Bolivia y la discursividad de las políticas públicas educativas durante el período 2006–2019.
Este enfoque permitió situar las políticas educativas en el marco de procesos históricos
más amplios, vinculados con la transición de un modelo neoliberal hacia un modelo
posneoliberal, asociado con la consolidación del Estado Plurinacional.
En primer lugar, se implementó un análisis documental orientado a revisar normas,
marcos discursivos y discursos oficiales emitidos por instancias estatales. En segundo lugar,
la investigación incorporó entrevistas cualitativas a actores clave vinculados con el proceso
constituyente y la configuración del Estado Plurinacional. En tercer lugar, se aplicó el
análisis crítico del discurso (ACD) como herramienta central para contrastar la narrativa
oficial con su praxis concreta.
Esta combinación metodológica permitió, por un lado, reconstruir la evolución
histórica de las políticas educativas en Bolivia y, por otro, analizar las narrativas oficiales
y las voces de los actores sociales involucrados en el proceso. De este modo, se ofrece una
mirada crítica y contextualizada sobre la relación entre Estado, política y educación en el
periodo posneoliberal. En particular, se evidencian las tensiones entre el empoderamiento
del sujeto indígena y su instrumentalización política en el marco de la construcción del
Estado Plurinacional, poniendo de relieve las contradicciones que atraviesan las políticas
educativas implementadas entre 2006 y 2019.
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2. Entre la crisis del neoliberalismo y la emergencia de una nueva forma de Estado
La configuración de las políticas educativas posneoliberales en Bolivia surge de las
contradicciones políticas, económicas y sociales heredadas de los gobiernos liberales y
neoliberales. Laura Rovelli (2018) señala que, tras las reformas neoliberales de las décadas
de 1980 y 1990, centradas en la liberalización de los mercados y en el debilitamiento
del sector público, comenzó un nuevo ciclo en el que el Estado recuperó un papel más
activo. En Bolivia, este tránsito se evidencia a partir de la Nueva Política Económica
(NPE), impulsada por Víctor Paz Estenssoro en 1985 y se consolidada en la década de
1990 con los gobiernos de Paz Zamora, Sánchez de Lozada y Banzer. La NPE, basada
en el Decreto Supremo 21060, buscó estabilizar la economía mediante privatizaciones y
ajustes estructurales bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial. Si bien logró controlar la inflación, profundizó la pobreza, el desempleo
y la desigualdad social (Morales, 1992).
La crisis del modelo neoliberal abrió paso a movilizaciones sociales que marcaron
un punto de inflexión; entre ellas, la Guerra del Agua (2000), la Guerra del Gas (2003) y
las marchas indígenas de las décadas de 1990 y 2000. Luis Tapia (2007) identifica cuatro
crisis convergentes: fiscal, de representación, de legitimidad y de correspondencia entre
Estado y sociedad. Estas fracturas profundizaron el distanciamiento respecto de sectores
históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, campesinos y originarios, quienes
cuestionaron tanto al modelo neoliberal como a la democracia representativa.
En palabras de José de la Fuente, quien participó en el proceso constituyente como
asesor y miembro del equipo técnico del Pacto de Unidad, que se reconoce como uno de
los maquipuras (término quechua que remite a un trabajo eventual vinculado a prácticas
de colaboración colectiva y ayuda mutua), y formó parte del grupo encargado de la
redacción de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, al referirse a estos
actores emergentes, sostiene:
Ellos llegaron —los indígenas— y no se van a ir, su voto siempre será indígena… (J. de la
Fuente, comunicación personal, 13 de diciembre de 2024)
Este escenario derivó en la refundación del Estado. García Linera (2015a, 2015b)
interpreta al Estado como un campo de tensiones entre institucionalidades heredadas y
proyectos comunitarios emergentes. Desde un enfoque gramsciano, sostiene que el Estado
no es únicamente un instrumento de dominación, sino también un espacio de disputa en
el que convergen fuerzas sociales en pugna. Así, el Estado Plurinacional se concibe como
un proceso histórico, dinámico y conflictivo, nutrido tanto por la lucha social como por
las estructuras de poder.
El Estado puede entenderse, además, como el mecanismo mediante el cual la
estructura dominante inscribe su lógica de dominación. En esta línea, Guillermo O’Donnell
(1977) lo define como una estructura de poder político compuesta por tres elementos: el
gobierno, la sociedad civil y el mercado. Estos configuran marcos simbólicos y discursivos
que orientan la acción de los individuos en la sociedad. Desde ambas perspectivas se
subraya la necesidad de analizar el Estado no únicamente como una entidad normativa y
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administrativa, sino también como un campo de disputa social, cultural y simbólica en
el que se expresan tensiones históricas y se configuran posibilidades de transformación en
contextos plurinacionales.
En este marco, se destaca el aporte de Fernando Garcés durante el proceso
constituyente, quién se desempeñó como asesor de la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa —organización campesina e indígena integrada al
Pacto de Unidad— y como investigador del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
(CENDA) en Cochabamba. Al referirse a esta dinámica, Garcés señala que:
La declaración del Estado boliviano como plurinacional abre las puertas a otras formas
comprensivas de ejercicio de ciudadanía colectiva de estructura estatal menos aparente. (F.
Garcés, comunicación personal, 30 de octubre de 2024)
La transición hacia el Estado Plurinacional implicó el rechazo de los principios
neoliberales de privatización, ajuste fiscal y subordinación al mercado. Se configuró un nuevo
paradigma orientado a la justicia social, la redistribución de recursos y el reconocimiento
de la diversidad cultural. Raúl Prada (2008, 2012) subraya que este tránsito no fue solo
normativo, sino también simbólico y político: un “acto de despojo” de la herencia neoliberal
que abrió paso a nuevas legitimidades.
El pluralismo estatal introdujo la idea de un pluralismo de naciones, avanzando hacia
formas de democracia comunitaria. A partir de la experiencia del proceso constituyente,
Garcés (2013) sostiene que, frente a la histórica configuración del sistema de dominación
estatal, los pueblos indígenas originarios impulsaron la formulación de un Estado
Plurinacional como alternativa al modelo hegemónico del Estado-nación tradicional.
Esta propuesta cuestionó el monopolio del poder ejercido por la clase capitalista criolla y
la oligarquía; sectores que, desde su posición privilegiada, se han asumido históricamente
como los constructores de la nación. Como señala Garcés:
Lo que viene pasando, después, el pensar un otro tipo de Estado, siempre está relacionado,
obviamente, con las demandas fuertes de tierra, territorio, con la demanda de educación, que
son las dos más fuertes, digamos, en un primer ciclo de movilizaciones de las organizaciones,
en toda la etapa neoliberal (F. Garcés, comunicación personal, 30 de octubre de 2024).
Una de las posibilidades de reconfigurar el Estado boliviano, en respuesta a la falta
de correspondencia con la diversidad y la multiculturalidad, fue la formulación del
Estado Plurinacional. Además de reconocer la heterogeneidad sociocultural, introduce un
pluralismo estatal que, según Prada (2008), conlleva también un pluralismo de naciones,
constituyendo así un avance significativo hacia formas de pluralismo democrático. Este
proceso se sustenta en el reconocimiento y la valorización de las identidades colectivas,
así como en una orientación hacia el comunitarismo político. En términos generales, se
plantea que esta propuesta representa una transición desde el modelo unitario y social del
Estado-nación hacia una configuración plurinacional y comunitaria.
La configuración del Estado boliviano puede entenderse como una construcción
histórica contingente que se remonta a la independencia en 1825, lo cual enriquece los
análisis contemporáneos sobre sus transformaciones. La Revolución de 1952 constituye
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un ejemplo significativo de esta contingencia, al evidenciar las tensiones persistentes entre
el ideal de Estado moderno y las divisiones sociales, lo que dio lugar a reformas orientadas
a reconfigurar el modelo estatal.
Estos antecedentes históricos proporcionan el trasfondo sobre el cual se desarrollan
las reinterpretaciones actuales del Estado, particularmente en lo que respecta al tránsito
hacia una forma plurinacional. Patricia Chávez & Dunia Mokrani (2006) sostienen
que el desarrollo del Estado Plurinacional responde a una trayectoria prolongada de
movilizaciones sociales, mediante la cual se consolidó la participación política de los
pueblos indígenas, campesinos y otros sectores históricamente excluidos. Los movimientos
sociales desempeñaron un rol decisivo en la construcción de esta nueva estructura estatal,
al lograr la incorporación de sus demandas en el proceso constituyente.
Desde esta perspectiva, Bolivia no se comprende como un país homogéneo identificado
con una única nación, sino como un Estado en el que coexisten y cogobiernan diversos
pueblos y naciones, cada uno con capacidad de autogobierno y con sistemas propios de
vida, producción y gestión territorial. En esta línea de interpretación:
El Estado Plurinacional es un complejo equilibrio entre formas de gobierno, entre distintos
autogobiernos, gobiernos y formas de cogobierno. Es decir, un Estado Plurinacional
no se limita al reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, como ya lo hizo
la Constitución de 1994, sino que implica el reconocimiento de colectividades políticas
con poder de decisión. Este modelo requiere un equilibrio tenso entre diversas formas de
autogobierno, que abarcan definiciones étnicas, pueblos, naciones, así como estructuras
propias de la democracia occidental, como municipios y prefecturas. Son distintos
autogobiernos, pero articulados en formas de cogobierno. (F. Garcés, comunicación
personal, 30 de octubre de 2024)
Kenia Barroso, Nilson Martínez & Rafael Lárez (2018) señalan que el Estado
Plurinacional se sustenta en una concepción de democracia vinculada a la acción de
los movimientos sociales, orientada hacia un Estado inclusivo, con participación plural
y la construcción de universalismos concretos, en constante tensión con los límites de
la democracia liberal. El proyecto de la plurinacionalidad surge como una alternativa al
concepto universalista de «nación», al cuestionar la idea de que un territorio debe ser
representado por una única nación que unifique valores, creencias, símbolos, discursos y
expresiones culturales. En su lugar, se propone un enfoque que reconozca la diversidad
cultural y el carácter pluralista de las formas de convivencia comunitaria, valorando las
diferencias y asimetrías como componentes esenciales de las identidades colectivas y de
las relaciones de alteridad.
El Estado Plurinacional, en su dinámica y estructura, así como en la participación
activa de los sectores populares e indígenas en su configuración y funcionamiento,
trasciende una visión folclórica o un reconocimiento meramente formal de la diversidad
cultural, como ocurrió en la reforma constitucional de 1994. Esta forma estatal representa
una ruptura con aquel modelo limitado, al no reproducir las estructuras de exclusión y
subordinación que caracterizaron al antiguo Estado-nación.
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Si bien el Estado puede entenderse como un proceso dinámico atravesado por disputas
constantes entre fuerzas sociales —clases dominantes y subordinadas, sectores populares
y privilegiados, ciudad y campo, blanco–mestizo y campesino—, su conformación no se
limita exclusivamente a estas relaciones de poder. Se trata de un constructo en permanente
transformación, moldeado tanto por quienes detentan el poder como por la capacidad de
los sectores subalternizados de disputar y reconfigurar sus estructuras.
En esta línea, el Estado Plurinacional requiere un equilibrio estructural entre distintas
formas de gobierno que lo constituyen, superando el reconocimiento declarativo de la
diversidad cultural y lingüística. Supone la coexistencia articulada entre gobiernos y
autogobiernos, en un sistema donde la administración de lo público no corresponde a
una única lógica institucional, sino a un régimen de cogobierno entre los actores indígenas,
campesinos y originarios junto con las estructuras democráticas de matriz occidental.
La forma Estado Plurinacional implica, por tanto, una reconfiguración estructural
del poder político en Bolivia, al incorporar múltiples formas de soberanía y de toma de
decisiones, en contraposición a la visión del Estado como un único espacio de disputa.
Esta arquitectura de poder plural otorga a los pueblos indígenas un lugar en la esfera
política. Sin embargo, a pesar de haber sido actores clave en la consolidación del modelo, su
participación ha sido, en muchos casos, instrumentalizada por el gobierno del Movimiento
al Socialismo (MAS).
Durante el primer período del gobierno posneoliberal, los pueblos indígenas,
originarios y campesinos no fueron actores periféricos, sino protagonistas en la configuración
del Estado Plurinacional. No obstante, dicha centralidad no se mantuvo de forma sostenida
en los períodos posteriores, lo que sugiere que, aunque se produjo una transformación en
las relaciones de poder y en la representación política del país, ésta no logró consolidarse
de manera estructural y prolongada en el tiempo.
3. Tensiones entre el empoderamiento y la instrumentalización del sujeto
indígena
La configuración del Estado Plurinacional responde a una demanda histórica, su
formulación puede rastrearse a las propuestas políticas de organizaciones indígenas y
campesinas, como se expresa en la tesis política de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), donde se afirma que:
Los actuales dirigentes estamos convencidos de que no acepta ni aceptaremos cualquier
reduccionismo clasista convirtiéndonos solo en «campesinos». Tampoco aceptamos
ni aceptaremos cualquier reduccionismo etnicista que convierta nuestra lucha en un
confrontamiento de «indios» contra blancos. Somos herederos de grandes civilizaciones.
También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación
y opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada
en un Estado Plurinacional que desarrolla nuestra cultura y auténtica forma de gobierno
propio (Comité Ejecutivo de la CSUTCB, Ch`upiyap marka (La Paz), octubre de 1983).
Con esta tesis se rechazaron tanto las reducciones clasistas como etnicistas en la
organización del Estado, y se planteó la construcción de una sociedad libre de explotación
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y opresión organizada en un Estado Plurinacional, que tiene raíces en las luchas y debates
de las organizaciones indígenas desde al menos la década de 1980.
Existen registros de congresos ampliados de la CSUTCB en los que, entre 1980 y 1984,
se planteó explícitamente la idea de un Estado Plurinacional a través de resoluciones y
actas. En ese contexto, algunas organizaciones indígenas comenzaron a proponer la
designación de sus propios jueces y el ejercicio de gobiernos sobre sus territorios, lo que
representa un germen inicial del concepto de Estado Plurinacional. Esta propuesta emergió
de la necesidad de reconocer el poder de decisión de los pueblos y naciones indígenas
como sujetos políticos con capacidad para tomar decisiones dentro de sus estructuras de
autogobierno (F. Garcés, comunicación personal, 30 de octubre de 2024).
Asimismo, el testimonio de J. de la Fuente (2024) respalda la noción de que la
propuesta de Estado Plurinacional:
No es una invención del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que tiene una trayectoria
mucho más larga dentro del movimiento indígena. La primera referencia formal al Estado
Plurinacional aparece en la tesis de la CSUTCB de 1983, consolidándose aún más en
1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena (J. de la
Fuente, comunicación personal, 13 de diciembre de 2024).
Diversos acontecimientos ocurridos entre los años 1990 y 2000 contribuyeron al
impulso del proceso de construcción del Estado Plurinacional, entre los cuales destaca
la Marcha Indígena “Por el Territorio y la Dignidad”. Esta movilización, organizada por
la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) e iniciada el 15 de agosto de 1990,
constituyó un hito sin precedentes en la historia política del país. La marcha partió desde la
ciudad de la Santísima Trinidad con destino a La Paz, y logró articular a distintos pueblos
indígenas de las tierras bajas de Bolivia, entre ellos los Mojeño Trinitario, Sirionó, Yurakaré,
Movima, Tsimane y otras comunidades del norte y oriente del país.
En el homenaje a los 34 años de la marcha indígena «Por el Territorio y la Dignidad»,
se recogió el testimonio de Antonio Coseruna – expresidente de la Subcentral de Moxos,
miembro de la comunidad de la Santísima Trinidad – a través de una entrevista difundida
por Plurinacional TV, en la que señala:
La decisión de realizar la marcha se tomó durante un encuentro de corregidores en San
Lorenzo de Moxos, donde las comunidades indígenas decidieron que, ante la falta de
respuesta del gobierno a sus peticiones, era necesario hacer oír sus demandas mediante
una movilización. En este encuentro se declaró que, si el gobierno no cumplía con las
demandas de los pueblos indígenas, el 15 de agosto iniciarían una marcha a La Paz como
último recurso, sacrificando sus pies en una caminata larga y ardua para hacerse escuchar
(A. Coseruna, entrevista en Plurinacional TV, 16 de agosto de 2024).
Los testimonios evidenciaron un conflicto estructural en la conformación del Estado
en Bolivia: la disputa por el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales y
culturales de los pueblos indígenas frente a los intereses de sectores ganaderos. Este tipo
de tensiones puede interpretarse como un enfrentamiento entre el modelo del Estado
tradicional, fundado en la centralidad de la propiedad privada y en los intereses económicos
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de las élites, y la propuesta de un Estado Plurinacional, orientado a incorporar las demandas
históricas de los pueblos indígenas, campesinos, originarios.
La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 puso en evidencia el proceso
mediante el cual las comunidades indígenas comenzaron a posicionarse no únicamente
como demandantes de derechos fundamentales, sino como actores políticos que reclamaban
su participación en la definición y reconfiguración de la forma del Estado Plurinacional.
La Constitución Política del Estado tiene una impronta indígena, especialmente en su
núcleo normativo sobre derechos. En este sentido, el Artículo 30 establece los derechos
de los pueblos indígenas, la participación de indígenas, campesinos, originarios y diversos
sectores sociales en el proceso constituyente estuvo orientada principalmente hacia la
consolidación y garantía de sus derechos dentro del nuevo marco constitucional (J. de la
Fuente, comunicación personal, 13 de diciembre de 2024).
Este modelo plantea que la soberanía no se concentra exclusivamente en una unidad
homogénea de la nación, sino que se distribuye y se redefine con el objetivo de incorporar
demandas de autonomía territorial y autodeterminación de los pueblos indígenas. A
partir de los planteamientos desarrollados por García Linera (2015a), Garcés (2013),
Prada (2008) y Tapia (2007), se infiere que la configuración del Estado ha experimentado
una transformación profunda: ha dejado de concebirse como una entidad monolítica y
centralizada para dar paso al reconocimiento de múltiples formas de organización social
y jurídica. Esta transformación responde a la necesidad de atender la pluralidad cultural y
de consolidar la justicia social como pilares fundamentales de un Estado inclusivo y plural.
Según lo expresado por Oscar Olivera – exdirigente fabril y uno de los principales
referentes de las movilizaciones durante la Guerra del Agua en Cochabamba, quien
encabezó la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, una articulación que reunió
a diversos sectores sociales en defensa del agua como derecho fundamental – en una
entrevista televisiva señala:
Son 24 años, casi un cuarto de siglo de aquella gesta histórica, para mí muy importante del
pueblo cochabambino, donde gente de todas las clases sociales y niveles económicos se unió
para defender un derecho humano; más que un derecho humano, un bien común de todos
los seres vivos. [...] Nos unimos frente a la entrega por parte del alcalde municipal, que en
ese tiempo también era alcalde – gerente – de SEMAPA, y se entregó el territorio a una
corporación muy poderosa a nivel internacional. Esto ocasionó que la gente se organizara,
se moviera, se movilizara y estableciera un horizonte como un colectivo que era: «el agua
no es una mercancía, es un derecho» (O. Olivera, entrevista en ATB, 26 de mayo de 2024).
Se destaca que este movimiento ha sido considerado por F. Garcés como uno de
los acontecimientos trascendentales para la emergencia del Estado Plurinacional. En este
sentido, se explica que:
Durante la Guerra del Agua, el dirigente Olivera planteó que era el momento de que
las comunidades tomaran las decisiones sobre sus propios recursos. Olivera sugirió la
creación de una asamblea en la que ellos mismos pudieran definir sus formas de gobierno,
permitiendo que cada localidad gestionara sus recursos, una idea que cuestionaba el sistema
unitario nacional. A partir de este conflicto, comenzó a discutirse la posibilidad de una
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Asamblea Constituyente. En las movilizaciones de Sucre en 2002, cada organización
empezó a considerar propuestas para esta Asamblea, y fue la CSUTCB, bajo la dirección
de El Mallku (Felipe Quispe), la primera en plantear explícitamente que la Asamblea debía
fundar un Estado Plurinacional, una propuesta que no surgió del gobierno de Evo Morales
(F. Garcés, comunicación personal, 30 de octubre de 2024).
Un tercer acontecimiento relevante fue la “Marcha Indígena por la Soberanía Popular,
el Territorio y los Recursos Naturales”, realizada en 2002 y liderada por el CONAMAQ.
Esta movilización se organizó en defensa del derecho a la tierra y los recursos naturales,
con el objetivo de frenar la concentración de tierras en manos de grandes terratenientes
y oponerse a políticas que favorecían los intereses de empresas madereras, ganaderas y
petroleras. Entre las demandas principales se encontraban la convocatoria de una Asamblea
Constituyente con participación amplia de todos los sectores, la eliminación de la Ley
de Desarrollo Sostenible y de la Reforma a la Ley Forestal, así como el compromiso del
gobierno de no aprobar el “Paquete Agrario”. Este conjunto de reformas legales y políticas,
impulsado a inicios de los años 2000 en el contexto del período neoliberal, buscaba
modificar la legislación vinculada a la propiedad de la tierra, el uso de recursos naturales
y los derechos de propiedad.
Tras la Guerra del Agua, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
decidió organizar una marcha entre marzo y abril de 2002 con el objetivo de presionar por
la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta movilización fue un evento clave, ya
que a partir de ella surgió el Pacto de Unidad, una alianza de organizaciones indígenas y
campesinas que posteriormente jugaría un papel central en la redefinición del Estado (J. de
la Fuente, comunicación personal, 13 de diciembre de 2024).
La denominada Guerra del Gas en Bolivia corresponde a un conflicto social ocurrido
en octubre de 2003, constituye otro hito fundamental en el proceso que sentó las bases para
que los movimientos sociales y de los sectores históricamente considerados como menos
privilegiados apoyaran la configuración del Estado Plurinacional. Este conflicto tuvo su
origen en la decisión gubernamental de exportar gas natural a Estados Unidos a través de
puertos chilenos, lo que generó un amplio rechazo popular. En una entrevista concedida
al programa Sin Filtro en 2016, se recoge el testimonio de Cristina Mamani, pobladora
de Warisata, quién expresa el rechazo colectivo de la comunidad frente a dicho proyecto:
Nosotros no queríamos que este viejo (en referencia al presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada) sacara el gas a otro país, a Chile... Por eso bloqueamos, pusimos piedras en los
caminos. Los militares llegaron con gases lacrimógenos y ahí nos enfrentamos con piedras,
con todo. Con hondas, todas las mujeres peleamos; por eso alcé mi fusil y les grité:’ ¿Por qué
vienes, mierda? ¡Ven, ven rápido, enfréntate! ¿Por qué vienes aquí? ¡Sal de aquí!’ Ahí murió
una niñita, no sé de cuántos añitos; después murió mi sobrino, que estaba en la normal, y
luego murió mi primo. Así fue como luchamos nosotras en Warisata... Yo no quisiera que
algo así volviera a pasar, porque hemos llorado mucho, hemos sufrido... Luchamos por
nuestros hijos (C. Mamani, entrevista en Sin Filtro Bolivia, 17 de noviembre de 2016).
En este contexto, se exigió una política que priorizara el abastecimiento del mercado
interno y se cuestionaron los bajos precios fijados para la exportación del gas natural. Así
mismo, se planteó la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente orientada a
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reestructurar el Estado sobre nuevas bases de consenso. De este modo, la evolución del
Estado boliviano puede ser comprendida como un proceso en el que se articulan elementos
de la tradición histórica con aportes de la teoría política contemporánea, evidenciando
cómo los cambios estructurales se han estado determinando por dinámicas de poder
atravesadas por diversas ideologías y conflictos sociales.
La configuración del Estado Plurinacional puede situarse en consonancia con el
concepto de Norberto Bobbio (2022), quien entiende al Estado como una construcción
histórica, sujeta a procesos de redefinición según las necesidades y dinámicas del contexto
social y político. En el caso boliviano, esta configuración implicó una ruptura con las
políticas de mercado de orientación neoliberal y el establecimiento de un rol protagónico
del Estado en la economía, la redistribución de recursos y la justicia social. Esto evidencia
la emergencia de una forma estatal distinta, caracterizada no solo por la redistribución
del poder, sino también por su capacidad de adaptación a la diversidad étnica y cultural
de la sociedad boliviana.
El debate en torno al Estado Plurinacional en Bolivia antecede a la llegada del MAS
al gobierno y se origina en las luchas históricas de los movimientos indígenas, campesinos
y originarios desarrolladas durante las décadas previas:
Una de las decisiones clave en el proceso constituyente de 2006 fue que la propuesta del MAS
sería elaborada por un grupo de doce representantes: cuatro de la Asamblea Constituyente,
cuatro del Ejecutivo y cuatro del Pacto de Unidad. Los técnicos del Ejecutivo, en su
mayoría abogados provenientes de la izquierda clásica, sin un conocimiento profundo
sobre el concepto de Estado Plurinacional. Esto evidencia la apropiación del concepto
por parte del MAS, reduciéndolo a una visión cultural y lingüística, sin incorporar su
dimensión política estructural. Yo creo que el primer momento del MAS como gobierno,
el momento de la Asamblea como un hecho político e histórico, y el período previo de
las movilizaciones sociales, más allá de la conflictividad y de las pérdidas humanas – hubo
gente que murió en este proceso –, marcaron una etapa clave. Diría que toda la década del
2000 hasta el 2010, digamos, fue el período más interesante. En particular, el momento
preconstituyente, aunque corto, estuvo marcado por movilizaciones que comenzaron en el
año 2000 y que incluso pueden rastrearse más atrás (F. Garcés, comunicación personal, 30
de octubre de 2024).
El período comprendido entre 2000 y 2006, caracterizado por amplias movilizaciones
sociales y el desarrollo de la Asamblea Constituyente, representó un momento clave de
discusión y transformación del modelo estatal de Bolivia. Durante estos años, el debate en
torno al Estado Plurinacional adquirió una notable centralidad, impulsado por la activa
participación de organizaciones indígenas, campesinas y diversos sectores académicos.
F. Garcés (2024), ha señalado que desde 2010, comenzó a evidenciarse un proceso de
reduccionismo en la implementación del Estado Plurinacional, sin que ello implicara una
transformación estructural de la forma Estado:
La lógica se centró en la incorporación de indígenas originarios y campesinos en los espacios
de poder estatal, sin una discusión más profunda sobre la transformación económica o
la estructura de acumulación de capital en Bolivia. En este contexto, algunos sectores
Marcelo Arancibia Guzmán
-28-
dentro del gobierno consideraron que la solución era sustituir una burguesía por otra,
una burguesía camba por una burguesía aymara (F. Garcés, comunicación personal, 30 de
octubre de 2024).
El Estado Plurinacional, concebido originalmente como un proyecto impulsado
por las organizaciones sociales indígenas, campesinas y originarias, fue posteriormente
apropiado por el aparato estatal, bajo el control de un partido político que priorizó su
propia consolidación en el poder. El modelo resultante se ha alejado de los planteamientos
iniciales, dado que su implementación respondió a una lógica partidaria. En este proceso, se
ha señalado que se ha promovido la fragmentación de organizaciones sociales, la cooptación
de liderazgos y el debilitamiento de la autonomía de los movimientos que originalmente
impulsaron la transformación del Estado.
El modelo derivó en un enfoque centralizado de gestión estatal, en el cual las
decisiones quedaron concentradas en el Ejecutivo, reproduciendo así una estructura más
cercana al modelo tradicional del Estado-Nación que a una forma plural de gobierno.
En este escenario, diversos análisis coinciden en la necesidad de reabrir el debate sobre
el Estado Plurinacional, con el objetivo de desvincularlo del control partidario ejercido
por MAS y de restituir su orientación original, basada en la participación de la sociedad
civil y de las organizaciones indígenas y campesinas. Así el poder no debería residir en la
estructura gubernamental centralizada, sino en las comunidades y en la ciudadanía, como
actores fundamentales en la configuración de un estado verdaderamente plural e inclusivo.
Asimismo, resulta necesario superar la percepción reduccionista que identifica al Estado
Plurinacional exclusivamente como un proyecto indígena y avanzar hacia su comprensión
como una propuesta política integral. Esta visión más amplia permite concebirlo como una
alternativa orientada a superar las limitaciones del modelo estatal heredado del colonialismo
y el periodo republicano. En este punto, corresponde destacar el rol que desempeñó el
Pacto de Unidad en la consolidación del proceso constituyente iniciado en 2005. Durante
este período, se observaron movilizaciones sociales en la población boliviana, acompañadas
de una agenda política claramente definida y estructurada en torno a las demandas de
octubre de 2003.
En la Asamblea Constituyente, dos textos constitucionales se encontraban en disputa:
el presentado por el Pacto de Unidad y el de la oposición política representada por
PODEMOS, el MAS era un gobierno hecho a la carrera, sin programa (J. de la Fuente,
comunicación personal, 13 de diciembre de 2024).
La marcha indígena de 2002 constituyó un hito en la afirmación del carácter
plurinacional del Estado, al visualizar y reconocer la existencia de múltiples naciones
dentro del territorio boliviano. En este sentido, los movimientos indígenas de las tierras
bajas jugaron un papel significativo, incorporando al debate constituyente sus demandas
territoriales y su propio concepto de Estado. Sin embargo, a pesar de su protagonismo en
el nuevo marco constitucional, se ha reconocido que el tema indígena fue posteriormente
instrumentalizado por el MAS, que consolido un gobierno cuya práctica política, aunque
discursivamente estaba vinculado a lo indígena, respondió a una lógica centralista y
partidaria,
Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
-29-
El tema indígena fue utilizado por el MAS, capturado por el MAS, para finalmente meter
un gobierno pseudoindígena como el del Evo (J. de la Fuente, comunicación personal, 13
de diciembre de 2024).
Los testimonios analizados permiten establecer que la construcción del Estado
Plurinacional no constituyó una iniciativa originada en el ámbito gubernamental ni
impuesta por el MAS durante su gestión, sino que fue el resultado de un extenso proceso de
debates y luchas impulsado por las organizaciones indígenas, campesinas y originarias, tanto
en el plano político como en el educativo. Desde esta perspectiva se destaca la interpretación
de J. Samamamut (2024), quien ha desempeñado diversos cargos en el ámbito educativo
y de investigación dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante el gobierno de Evo
Morales, ocupó el cargo de viceministro de Educación Superior, fue el primer responsable
del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacionales del Ministerio de Educación y
dirigió el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
Actualmente, es director ejecutivo del Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa,
entidad dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. En relación con este
proceso, señala que:
El Estado todavía no es un Estado que está consolidado. Aunque ya se han construido
ciertas bases, no logra alcanzar a ser un Estado. (Jiovanny Samamamut, comunicación
personal, 20 de diciembre 2024)
La noción de lo plurinacional, lejos de consolidarse como un avance sustantivo en
la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y diversa, capaz de responder a las
demandas de los pueblos indígenas, campesinos y originarios – y de otros sectores que no
se circunscriben en estas categorías –, fue progresivamente reducida a una herramienta
de uso político por parte del gobierno del MAS. En lugar de promover el fortalecimiento
de las autonomías indígenas, el reconocimiento de las reivindicaciones territoriales y
la implementación de políticas educativas más equitativas, la aplicación del enfoque
plurinacional se ha limitado, en gran medida, a la inclusión simbólica de representantes
indígenas dentro el aparato estatal, presentándolo esta incorporación como un logro del
proceso plurinacional, sin que ello haya implicado una transformación estructural en las
relaciones de poder del Estado boliviano.
Si bien el discurso plurinacional nació desde abajo, de la lucha sostenida de movimientos
indígenas y campesinos, su implementación evidenció un proceso de instrumentalización
de las identidades indígenas para garantizar la permanencia en el poder de un proyecto
político centralizado. En los hechos, esto se expresa en la cooptación de organizaciones
como el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, donde
los liderazgos autónomos son reemplazados por dirigencias afines al partido de gobierno.
También se manifiesta en la reducción de lo plurinacional a prácticas simbólicas como
rituales y discursos de identidad sin una distribución real del poder hacia las autonomías
indígenas; en la homogeneización de la diversidad bajo referentes aymaras y quechuas;
y en la idea de que “el pueblo” se limita únicamente a lo indígena. De este modo, lo
plurinacional se convierte en un discurso simbólico de legitimidad. Sus efectos, entre el
empoderamiento y la instrumentalización de lo indígena, no solo atraviesan la arquitectura
del Estado Plurinacional, sino que también se proyectan sobre las políticas educativas.
Marcelo Arancibia Guzmán
-30-
4. La discursividad de las políticas educativas en el estado plurinacional
Las nociones de Estado, Estado Plurinacional y política desarrolladas en los apartados
anteriores permiten identificar dos enfoques predominantes para el análisis de las políticas
públicas: por un lado, los enfoques estructuralistas y, por otro, los funcionalistas. Según
lo expuesto por Antonio Camou & Leyla Chain (2017), ambos enfoques coinciden en
concebir al Estado como una entidad cohesionada y funcional, cuyas acciones se orientan
al desarrollo social y económico. En el contexto latinoamericano, particularmente entre las
décadas de 1950 y 1960, con la consolidación de los Estados-Nación, se afianzó el concepto
de Estado como una organización unificada, responsable de garantizar la estabilidad, el
orden y la integración social. Este objetivo se articula mediante funciones esenciales del
Estado, tales como la administración de justicia, la protección de los derechos y libertades
de los ciudadanos y la gestión de las políticas públicas. Desde una perspectiva parsoniana,
el Estado funcional es interpretado como un organismo que responde a las necesidades del
sistema social, al tiempo que garantiza tanto su reproducción como su transformación.
En el caso boliviano, la noción de Estado-Nación ha atravesado un proceso largo y
complejo. Se destacó como hito central la Revolución de 1952. «Este año marcó un punto
de inflexión en las luchas populares, cuando se produjo un proceso revolucionario que
propició avances significativos en los derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
Hubo cambios democratizadores en el modelo educativo» (Pablo Imen, 2012, pp. 219–
220). Desde los estudios de Camou & Chain (2017), centrados en la relación entre
conocimiento especializado, la producción de saber y las políticas públicas, se plantea que la
configuración del Estado boliviano puede comprenderse como un entramado burocrático
racional orientado a los principios de eficiencia, eficacia y orden.
La Revolución del 52 se inscribe en un conjunto de transformaciones más amplias
que atravesaron América Latina en el siglo XX. Las reformas impulsadas en este periodo
estuvieron asociadas a concepciones modernizadoras que marcaron un punto de inflexión
en el proceso de consolidación del Estado boliviano. Esto supuso un giro hacia un modelo
de Estado aparente más inclusivo, caracterizado por el rol protagónico en la economía
y la redistribución social. Entre las principales políticas de este período se destacan la
nacionalización de las minas, la reforma agraria, la extensión del derecho al voto y la
promulgación del Código de la Educación Boliviana en 1955.
En este punto, corresponde señalar que los enfoques mencionados sostienen una
concepción neutral y eficientista del Estado, que tiende a invisibilizar las dinámicas internas,
así como las diversidades y las particularidades que configuran su estructura social. Esta
perspectiva de corte tecnocrático omite que las organizaciones estatales constituyen espacios
públicos y políticos atravesados por la configuración de intereses y tensiones entre distintos
actores. Tal como se muestra en la Ilustración 1, en el caso boliviano, estas tensiones han
operado como un factor determinante en la reconfiguración del Estado, promoviendo el
tránsito de un Estado-Nación hacia una forma estatal plurinacional.
Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
-31-
Ilustración 1
Principales políticas Educativas en Bolivia
Nota: La ilustración es una línea del tiempo que sintetiza los principales hitos y las
políticas educativas de Bolivia desde 1905 hasta 2010.
Fuente: Elaboración propia, los conceptos de EIB como política pública y EIIP
como política constitucional pertenecen a Guido Machaca.
La forma del Estado Plurinacional proyecta un nuevo institucionalismo que, si bien
responde a las demandas legítimas de las poblaciones indígenas, campesinas originarias –
como se ha desarrollado en el apartado anterior –, ha sido utilizado por el gobierno del MAS
como una práctica simbólica o ritualizada orientada a la obtención de legitimidad política
y social. En esa línea, resulta necesario precisar que lo establecido en el marco normativo
no siempre se traducen en transformaciones sustantivas a nivel de la práctica institucional.
Aunque se reconoce la autonomía del Estado dentro del principio de soberanía, que
marca una diferenciación con respecto a las estructuras dominantes del Estado-Nación,
caracterizadas por el control de las clases políticas y económicas tradicionales.
El Estado Plurinacional plantea una lógica institucional propia. En ese marco, las
políticas públicas, y particularmente las educativas, no deberían reproducir los intereses
de las élites dominantes, sino responder a las demandas y necesidades sociales, incluyendo
las planteadas por organizaciones sociales y los pueblos indígenas de tierras altas y bajas,
muchos de los cuales han estado representados por el Pacto de Unidad.
Marcelo Arancibia Guzmán
-32-
Camou & Chain (2017) explican que la relevancia de analizar las políticas públicas
a partir de las interacciones entre múltiples actores, tanto estatales como sociales. En
esta misma línea de análisis, las organizaciones del Estado dejan de ser concebidas como
estructuras cerradas y autónomas, para entenderse como componentes de un entramado
más amplio, en el que convergen actores públicos y privados involucrados activamente en
la formulación e implementación de políticas. En consonancia con esta narrativa, Camou
& Chain (2017) proponen la necesidad de replantear la forma en que los gobiernos
abordan los problemas públicos, sugiriendo un enfoque que se distancia de la lógica del
tecnocratismo y economicismo dominante. En su lugar, proponen una perspectiva que
incorpore la participación efectiva de diversos actores sociales, lo cual converge con las
reflexiones de F. Garcés (2024), quién afirma que las políticas en el Estado Plurinacional
deben partir de:
[no son] las instituciones del Estado las que deberían pensar las políticas plurinacionales;
es decir, con participación, pero no solo con participación, sino también con especificidad.
Digamos, cultural, lingüística y de prácticas económicas, considerando a los distintos
colectivos que forman el país. Se trata de pensar una política pública diversificada y
compleja, acorde con las distintas realidades del país y no homogénea. Por otro lado,
también es importante considerar el aspecto territorial ¿Quiénes son los representantes
de ese Estado Plurinacional? No solo como individuos, sino como colectivos que toman
decisiones en distintos niveles. (F. Garcés, comunicación personal, 30 de octubre de 2024)
Siguiendo lo propuesto por Rovelli (2018), la jerarquización de los problemas públicos
y la negociación de los actores partidarios responde a una dinámica de formulación de
políticas desde un enfoque descendente (Top – Down). Las reflexiones de Camou &
Chain (2017), junto a los planteamientos de Garcés (2024) se enmarcan, en cambio,
a una dinámica ascendente (bottom – up) debido a que son actores externos al sistema
estatal quienes adquieren mayor incidencia en la definición de las políticas. En este punto,
Rovelli (2018) destaca que la etapa de formulación de políticas incluye tanto el diseño
como el proceso de toma de decisiones, en el cual no predomina exclusivamente una
lógica racional e instrumental.
Las reflexiones previas coinciden en señalar la necesidad de replantear las formas
de diseño e implementación de las políticas públicas. En este enfoque, el Estado deja
de ser concebido como un ente que define unilateralmente sus acciones desde la lógica
vertical, para entenderse como un espacio de interacción en el que confluyen diversos
actores sociales. Las políticas públicas, por tanto, deben ser comprendidas como procesos
dinámicos, en los que participan actores estatales y sociales, lo que permite avanzar hacia
una gestión pública más inclusiva y participativa. En esta perspectiva:
Las políticas públicas deben diseñarse desde una perspectiva plurinacional y territorializada,
que no solo incorpore la participación de distintos sectores, sino que también respete la
especificidad cultural, lingüística y económica de los colectivos que la integran, dejando de
ser sólo como un espacio de inclusión simbólica, sino como colectivos de comunidades que
ejerzan un rol protagónico en la toma de decisiones y en la gestión de las políticas públicas
(F. Garcés, comunicación personal, 30 de octubre de 2024).
Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
-33-
Este enfoque propone una concepción más ampliada de las políticas públicas, al
considerar las realidades sociales y políticas en las que se inscriben y al orientarse hacia la
atención de las necesidades concretas de la sociedad. Se explica que una mayor participación
ciudadana en los procesos de toma de decisiones constituye un mecanismo relevante
para contrarrestar las tendencias tecnocráticas en la gestión estatal (Camou & Chain,
2017). La participación ciudadana permite incorporar saberes y experiencias vinculadas
a los problemas públicos, lo cual contribuye a enriquecer la formulación de políticas y
a garantizar que estas sean más inclusivas y representativas de las demandas reales de la
población.
Las políticas educativas en Bolivia han estado condicionadas por las tensiones
históricas entre los intentos de unificación cultural y las demandas por el reconocimiento
de la diversidad. Estas tensiones dieron forma a un sistema educativo orientado a ser más
inclusivo, en el que se procura atender tanto la heterogeneidad cultural del país como las
desigualdades estructurales que atraviesa la sociedad boliviana.
Bolivia, un país caracterizado por su diversidad étnica y cultural, ha tenido una historia
educativa marcada por conflictos entre una élite dominante y los pueblos indígenas,
históricamente excluidos como ciudadanos plenos. Al revisar las propuestas educativas
históricas en Bolivia, como el Código de 1955, las reformas de Banzer en la década de
1970, las modificaciones de los años 80 y la Ley 1565 de 1994, ninguna logró establecer
un sistema educativo integral. En contraste, la Ley 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” de
2010 se distingue por consolidar un sistema educativo más amplio, complejo y abarcador,
siendo la más completa en la construcción de un sistema educativo en el país. En el
contexto del Estado Plurinacional, se evidencia una mayor presencia estatal con una visión
diferente, que transforma de manera más amplia las antiguas tareas, manteniendo ciertas
continuidades, como la educación técnica y tecnológica, (J. Samanamud, comunicación
personal, 20 de diciembre de 2024)
A lo largo del tiempo, la educación en Bolivia ha sido concebida como un instrumento
de homogeneización cultural, tal como se evidencia en políticas como el Plan General
de Instrucción Primaria de 1905 y el Código de la Educación de 1955. Estas dinámicas
persistieron durante el siglo XX, aunque con cambios significativos en etapas posteriores.
Tanto la Ley Educativa 1565 de 1994 como la Ley de la Educación 070 de 2010,
introdujeron modificaciones sustanciales que avanzaron hacia políticas educativas más
equitativas. Estas reformas priorizan el acceso, la permanencia y la culminación de las
trayectorias escolares de los estudiantes, promoviendo una mayor inclusión, beneficiando
particularmente a los sectores marginados, en particular a los pueblos indígenas.
La Reforma Educativa de 1905, impulsada durante el gobierno de Ismael Montes
(1904–1909), constituye uno de los primeros intentos del Estado boliviano por establecer
un sistema educativo nacional. Esta reforma, influenciada por los principios del liberalismo,
se caracterizó por un enfoque orientado hacia la asimilación cultural y la homogeneización.
Entre sus principales lineamientos se promovió una educación centrada en el uso exclusivo
del castellano como instrumento de “civilización”, en tanto consideraba las lenguas
indígenas como barreras para la modernización y la integración del país dentro del proyecto
de Estado-Nación.
Marcelo Arancibia Guzmán
-34-
Otra política destacada en la reforma educativa de 1905 fue la implementación de
las denominadas escuelas ambulantes, bajo un sistema de control centralizado por parte
del Estado. Estas escuelas fueron concebidas con el propósito de extender la cobertura
educativa hacia las zonas rurales, focalizando su atención en la población indígena con
el objetivo de promover su modernización e integración al proyecto del Estado-Nación.
Este propósito se concretiza a través de un currículo oficial uniforme, sin contemplar las
particularidades regionales ni las realidades socioculturales de las distintas comunidades
del país.
Aunque la reforma educativa de 1905 permitió una ampliación del acceso a la
educación en zonas rurales y en poblaciones en situaciones de desventaja, su orientación
asimilacionista y colonial contribuyó a consolidar una concepción de la educación como
mecanismo de dominación cultural. Este enfoque impuso el castellano y la adopción de
valores occidentales, perpetuando así la exclusión y marginación de los pueblos indígenas.
Posteriormente, el Código de la Educación de 1955, promulgado tras la Revolución
Nacional de 1952, tuvo un papel determinante en la configuración del sistema educativo
boliviano, sostuvo una lógica de homogeneización cultural al privilegiar el uso del castellano
por sobre las lenguas indígenas; la educación fue concebida como una herramienta para
la integración de las poblaciones indígenas, campesinas y originarias en el proyecto de
consolidación de un Estado-Nación unificado.
Entre las principales disposiciones del Código de la educación de 1955, se destaca la
universalización de la educación primaria, estableciendo su carácter obligatorio, gratuito y
laico en todo el territorio nacional. Si bien esta normativa amplió el acceso a la educación,
persistió una orientación homogeneizante, al institucionalizar el castellano como única
lengua de instrucción en las escuelas. A pesar de los avances en términos de cobertura
educativa, el Código de 1955 siguió reproduciendo estructuras de dominación de raíz
colonial, ignorando las realidades multiculturales y las necesidades de las poblaciones
marginadas del país.
En 1994, fue promulgada la Ley de Reforma Educativa 1565, en un contexto
influenciado por políticas neoliberales orientadas a la modernización del sistema educativo,
la descentralización administrativa y la apertura a procesos de privatización. Aunque dicha
ley incorporó el reconocimiento a la diversidad cultural como un elemento normativo,
este avance se manifestó principalmente en plano simbólico. Las directrices de la reforma
respondieron a un proyecto económico y político influenciado por reformas estructurales
promovidas por organismos internacionales, con una orientación tecnocrática y enfocada
en la eficiencia económica.
En este punto, el Estado ha experimentado un triple descentramiento: hacia arriba,
hacia abajo y hacia afuera. El descentramiento hacia arriba se manifiesta en la consolidación
de espacios supranacionales que inciden en la toma de decisiones y en la formulación de
lineamientos y propuestas políticas. En el ámbito educativo, este proceso se evidencia en
el protagonismo de organismos como la UNESCO, el UNICEF y el MERCOSUR, así
como en los incentivos de financiamiento y producción de conocimiento impulsados
por entidades multilaterales como la OEA, la OEI y la CEPAL. En segundo lugar, el
descentramiento hacia abajo se expresa en la transferencia de competencias desde los
Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
-35-
gobiernos nacionales hacia instancias locales y seccionales, lo que reconfigura las relaciones
dentro del aparato estatal. El descentramiento hacia afuera se concreta a través de la
creciente vinculación del Estado con actores no estatales, entre los que se encuentran
organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y fundaciones, entre otros (Rovelli,
2018).
En la línea de la reflexión de Rovelli (2018), las transformaciones promovidas por la
Ley de Reforma Educativa de 1994 deben comprenderse como parte de un proceso más
amplio de reconfiguración del Estado bajo los principios del paradigma neoliberal. Este
proceso que impulsó un triple descentramiento del poder estatal en Bolivia posibilitó la
influencia de actores supranacionales, instancias locales y entidades no estatales, como las
ONGs en la formulación y ejecución de las políticas públicas.
Desde una perspectiva cultural, la ley introdujo la Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) como un reconocimiento formal a la diversidad cultural y lingüística del país. Pese a
lo anterior, su aplicación fue mayormente simbólica, principalmente en contextos urbanos,
y no logró modificar de manera estructural los mecanismos educativos que reproducen
desigualdades sociales y culturales. Si bien promovió la descentralización de la gestión
educativa, la centralización de las decisiones en el aparato estatal continuó siendo una
constante, lo que limitó la participación de las comunidades y los pueblos indígenas en
la administración educativa. En esta lógica, G. Machaca (2024) identifica tres fases en la
evolución de la interculturalidad en Bolivia:
Los 80 como propuesta en el seno de la Confederación de Maestros de Educación Rural
de Bolivia (CONMERB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB); posteriormente, se convierte en proyecto porque en los 90, la
UNICEF financia su ejecución y se implementa en 3 territorios socioculturales quechua,
aymara y guaraní. Se evalúa su implementación y justo coincide con el 94, donde se lo
incorporan en la Ley 1565 y se convierte en política pública. Luego de eso, con la Ley 070,
se convierte en política constitucional, porque está en la Constitución Política del Estado
(G. Machaca, comunicación personal, 25 de septiembre de 2024).
En relación con el currículo, la Ley 1565 orientó sus esfuerzos hacia la modernización
del sistema educativo, con el objetivo de alinearse con estándares internacionales y fortalecer
las competencias técnicas y científicas. No obstante, el diseño curricular mantuvo un
enfoque predominantemente occidental, sin incorporar de manera sustantiva los saberes de
los puebles indígenas. En cuanto al acceso a la educación, si bien se reconoció formalmente
este derecho, el énfasis recayó en la ampliación de la cobertura al nivel primario, sin
atender de forma integral las desigualdades estructurales ni las barreras socioculturales
que enfrentaban los pueblos indígenas y otros sectores históricamente excluidos. Aunque
se promovió el uso de lenguas indígenas en la enseñanza en espacios rurales, el castellano
siguió siendo la lengua predominante en la mayoría de las unidades educativas, y la
educación bilingüe implementada no logró ajustarse a las realidades culturales de las
comunidades.
Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2019, objeto de análisis en esta
investigación, se resalta la promulgación de la Ley de Educación “Avelino Siñani–Elizardo
Pérez” Nº 070 en el año 2010. Si bien esta normativa representa un avance significativo
Marcelo Arancibia Guzmán
-36-
en el ámbito educativo, también plantea desafíos que persisten en la actualidad. Esta ley
propone una transformación estructural del sistema educativo boliviano, orientada hacia
una educación intercultural, intracultural, plurilingüe, productiva y descolonizadora, con
el propósito de reflejar la diversidad cultural y lingüística del país, así como de superar las
estructuras modernistas que históricamente han predominado en la educación nacional.
Según lo expuesto por J. Samanamud (2024), se identifican tres transformaciones
fundamentales en el ámbito educativo derivado de la implementación de la Ley 070, lo
que refleja un giro en la concepción de la educación, en concordancia con los fines del
Estado Plurinacional:
1. La Constitución anterior solo garantizaba la educación obligatoria hasta el nivel
primario, lo que reflejaba una falta de prioridad en el desarrollo educativo dentro del
Estado. En cambio, la nueva Constitución amplió esta obligación hasta el nivel secundario
y estableció la gratuidad de la educación superior, representando un avance significativo en
la universalización del derecho a la educación.
2. Otro cambio crucial fue la inclusión de los pueblos indígenas en el sistema educativo,
promoviendo una transformación estructural en su funcionamiento. En este sentido, se
estableció la enseñanza obligatoria de lenguas indígenas, algo que no se contemplaba en la
Constitución anterior. Sin embargo, ya en la reforma educativa de 1994, durante el gobierno
de Gonzalo Sánchez de Lozada, se introdujeron los conceptos de Bolivia Plurilingüe
e Intercultural, lo que posteriormente se plasmó en la Ley 1565 y en la propuesta de
educación intercultural bilingüe. A pesar de estos avances, esta reforma tuvo un alcance
limitado y parcial, sin llegar a reconocer de manera integral la identidad, lengua y cultura
de los pueblos indígenas dentro del sistema educativo.
3. Si bien Bolivia ha experimentado varias reformas educativas en los últimos 100 años,
muy pocas han abordado una modificación estructural del sistema educativo en su
conjunto. Desde la fundación de la Normal de Sucre en 1909, el país ha avanzado en la
profesionalización de la educación, pero la mayoría de las reformas han sido fragmentadas
y parciales, sin una transformación integral del sistema educativo (J. Samanamud,
comunicación personal, 20 de diciembre de 2024).
Uno de los elementos más relevantes de la Ley 070 es la incorporación de la Educación
Intracultural, Intercultural y Plurilingüe (EIIP), que amplía el enfoque de la Educación
Intercultural Bilingüe promovido por la Ley 1565. Esta nueva dimensión busca no solo
reconocer la diversidad cultural y lingüística, sino también revitalizar y fortalecer las
culturas y lenguas originarias desde una perspectiva intracultural. No obstante, esta política
ha permanecido en gran medida en un plano simbólico, sin lograr una implementación
efectiva y sostenida en el sistema educativo.
Otro aspecto central radica en la descolonización del currículo, orientado a la
incorporación de la historia, cosmovisión y conocimientos de los pueblos indígenas en
los contenidos escolares, así como a la promoción de una enseñanza que cuestiona las
narrativas hegemónicas de origen occidental. Esta intención se expresa en los programas
de estudio, aunque ha sido objeto de críticas por parte de sectores como el magisterio
urbano y la clase intelectual media, tanto universitaria como no universitaria, quienes
Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
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han señalado la presencia de contenidos considerados como carentes de rigor científico. A
pesar de ello, se ha promovido una mayor visibilidad de las contribuciones indígenas en la
historia nacional y la inclusión de saberes ancestrales en distintas áreas del conocimiento.
Es también relevante en esta normativa, la orientación hacia una educación productiva,
inspirada en experiencias indígenas como la Escuela-Ayllu de Warisata y las Mamahuasis.
Esta perspectiva educativa pretende articular la formación teórica con el desarrollo de
habilidades prácticas vinculadas al desarrollo productivo local, contribuyendo a la mejora
de las condiciones de vida de los estudiantes y sus comunidades. Con ese fin, se pretende
promover una educación contextualizada, asociada al trabajo y al entorno productivo
de cada región. Así mismo, se establece una participación activa de las comunidades y
organizaciones sociales en la gestión educativa, con el objetivo de fortalecer un modelo
de gobernanza más democrática y territorializada.
Una política clave relacionada con las trayectorias escolares de los estudiantes es la
obligatoriedad de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel de secundaria comunitaria
productiva. Esta medida responde a la necesidad de consolidar una ciudadanía acorde con
los principios de equidad, diversidad y justicia promovidos por la Ley 070. La construcción
de esta nueva ciudadanía se vincula estrechamente con el recorrido educativo que comienza
desde la educación inicial escolarizada. Las políticas educativas establecidas por la Ley
070 se implementan como ejes formativos a lo largo de todo el ciclo educativo, hasta el
bachillerato, con el propósito de formar a un sujeto ciudadano sustentado en valores como
la diversidad cultural, la descolonización, la participación comunitaria y la justicia social.
5. Conclusiones
La expresión “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la
fuerza” (Orwell, 2013, p. 6), ejemplifica un discurso ideológico marcado por contradicción,
comparable con la instrumentalización del discurso plurinacional, de lo indígena, campesino
y originario durante el periodo de 2006 a 2019. En esta línea, el desarrollo del contenido,
así como las reflexiones y análisis expuestos en este artículo, fueron guiados por la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cómo se manifiestan dichas tensiones y de qué manera se
expresan en el discurso oficial de las políticas educativas del Estado Plurinacional? A partir
de la cual se concluye que:
El Estado Plurinacional ha surgido como una respuesta a las tensiones políticas
y como alternativa al Estado neoliberal. Sus orígenes se encuentran en la lucha de los
pueblos indígenas, campesinos y originarios, cuyas demandas fueron incorporadas de
manera institucional, aunque no exentas de contradicciones con respecto al modelo de
Estado predominante. Si bien el MAS canalizó el proceso de refundación del Estado,
también redujo su propuesta a una narrativa funcional a su permanencia en el poder. Esta
instrumentalización del discurso plurinacional, originalmente orientado a transformar la
estructura del Estado Boliviano, derivó en una práctica de recentralización del poder por
parte del gobierno de turno.
El modelo de Estado Plurinacional, reconocido en la constitución, ha sido reducido
a una forma simbólica y de alcance limitado. Este resultado se relaciona con la cooptación
Marcelo Arancibia Guzmán
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y el debilitamiento de las organizaciones sociales frente al discurso oficialista en torno a lo
plurinacional. Para avanzar hacia su consolidación, se plantea la necesidad de despartidizar
el debate, fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas y promover un sistema político
plural y descentralizado.
Desde 2010, el Estado Plurinacional ha atravesado un proceso de reduccionismo,
centrado en la incorporación de los sectores indígenas, originarios y campesinos en espacios
de poder estatal, sin que ello implicara un debate sustantivo sobre la transformación
estructural de la forma Estado en Bolivia. La estrategia del partido de gobierno se orientó
a sustituir la burguesía camba por una burguesía aymara, reproduciendo así la lógica de
dominación. Esto, a su vez, junto con el control del Estado ejercido por el partido oficialista,
propició la división y cooptación de organizaciones sociales, debilitando su autonomía y
consolidando un modelo altamente centralizado, en muchos aspectos semejante al Estado-
Nación tradicional.
Las conclusiones generales permiten señalar que las políticas públicas, a lo largo de
la legislación educativa boliviana, han estado marcadas por tensiones constantes entre
la tendencia a la homogeneización y la formación de un ciudadano único boliviano, y
el reconocimiento, la reivindicación y la valorización de múltiples nacionalidades que
coexisten en el país. El discurso oficial que promueve un Estado con reconocimiento de lo
plurinacional expresa, en el plano normativo, la realidad multicultural y el plurilingüismo
de la sociedad boliviana; sin embargo, este discurso ha sido apropiado e instrumentalizado
por los gobiernos de turno; ya que en el ámbito educativo se manifiesta que:
1. Las políticas públicas educativas del periodo posneoliberal (2006 – 2019) se orientaron
a la revalorización de las tradiciones indígenas, campesinas, originarias, como parte de un
esfuerzo por contrarrestar desigualdades históricas y persistentes en el ámbito educativo.
2. Las políticas educativas de este periodo se encuentran arraigadas en tradiciones que reflejan
las luchas de movimientos sociales, pueblos indígenas, originarios y sectores históricamente
desfavorecidos. Estas tradiciones orientan la educación hacia un enfoque intercultural,
intracultural, plurilingüe y descolonizador, cuya intención, aunque fragmentada y limitada
en su implementación, apunta a la formación de una nueva ciudadanía comprometida con
los valores y principios del Estado Plurinacional.
3. La Ley 070 plantea transformaciones en el sistema educativo boliviano; sin embargo,
su aplicación efectiva presenta múltiples desafíos. Las brechas entre la normativa y su
aplicación evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de ejecución, garantizar
una asignación adecuada de recursos y promover una articulación más efectiva entre las
políticas educativas y las realidades locales.
En suma, el tránsito hacia un Estado Plurinacional y sus políticas educativas permite
comprender que las acciones del gobierno posneoliberal operan entre las promesas
transformadoras y la reproducción de viejas lógicas de control y como un proceso complejo,
cargado de simbolismos políticos y culturales, que oscila entre el empoderamiento de sectores
históricamente excluidos y su cooptación en el marco de la política estatal. En el campo
educativo, esta tensión se vuelve particularmente visible. Mientras la normativa plantea
cambios estructurales, la práctica mantiene continuidades que limitan la consolidación
Entre empoderamiento e instrumentalización. La discursividad de las políticas educativas en el Estado Plurinacional de Bolivia
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de un modelo educativo verdaderamente plurinacional, territorializado, democrático y
las políticas educativas se convierten en un espacio clave para observar las tensiones entre
la promesa emancipadora del discurso plurinacional y las prácticas concretas de gobierno
que reproducen lógicas de jerarquías sociales del Estado – Nación.
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